En México, la regulación jurídica al outsourcing o subcontratación terciarizada presenta un rezago de décadas respecto de diversos países sudamericanos, además de que es un fenómeno creciente que no sólo afecta los derechos y salarios de los trabajadores, también es una acción ilegal, fomentada incluso desde el gobierno federal y sindicatos blancos, afirmaron especialistas del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas).

Durante la presentación del libro Outsourcing, el coordinador de la investigación de la obra, Matteo Dean, advirtió, con datos de la iniciativa privada de 2007, que en el país 49 por ciento de la mitad de las empresas con más de 500 trabajadores ya contrataban de esta manera. La mayoría de ellas, informó, están asentadas en el norte y centro del país, y agregó que 13 por ciento del sector público federal y local ya usa esa modalidad contractual.

La subcontratación laboral es una práctica cada vez más extendida en el país y está presente en un terreno de completa ilegalidad, además de que desde el ámbito gubernamental se pretende formalizarla por medio de las reformas laborales que promueven autoridades del trabajo, consideró el director del Cilas, Luis Bueno.

Por su parte, Alvaro Orsatti, asesor de la Central Sindical de las Américas, dijo que la terciarización se contrapone al carácter temporal que demanda la Organización Internacional del Trabajo, porque bajo su figura el trabajador no sabe quién es el patrón al que debe demandar sus derechos.

Al exponer experiencias de países del cono sur, el investigador dijo que en la década de los 80, con la llegada de gobiernos neoliberales, el outsourcing pasó de ser una figura que tenía sentido –porque estaba pensada para enfrentar situaciones atípicas– a una que se generalizó ante ministerios de trabajo débiles, sindicatos carentes de transparencia y leyes ambiguas.

A partir del presente milenio, naciones como Uruguay, Chile y Perú tomaron medidas jurídicas para regularizar el fenómeno. Se trata de una situación en la que México –consideró Orsatti– buscar reformar su legislación para incluir la tercerización cuando en otros países está de salida.

Jurídicamente lo más conveniente, dijo, es no prohibir el outsourcing, pues las empresas recurrirán a él de todas maneras, vía la simulación; en cambio, agregó, cuando tenga lugar la subcontratación, debe ser consultada con los trabajadores, además de que debe prohibirse en actividades fundamentales y sólo debe permitirse en las periféricas u ocasionales.