Ante la determinación del gobierno de rechazar la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para abolir el fuero militar y el arraigo, los diputados Alfonso Suárez del Real y Marina Arvizu, integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, expresaron que es preocupante poner en riesgo la honorabilidad de las fuerzas armadas frente a la sociedad.

Consideraron que el fuero militar no significa una graciosa concesión a los integrantes de las fuerzas armadas, sino que funciona como acicate para asegurar la disciplina interna.

El jueves pasado, el gobierno de México rechazó tres recomendaciones que le hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la abolición del arraigo y que sean autoridades civiles las que juezguen violaciones contra garantías individuales cometidas por elementos castrenses.

Para el perredista Suárez del Real preocupa enormemente que el gobierno defienda la privación ilegal de la libertad, porque es en síntesis el arraigo que ha venido aplicando, y que les impone a los ciudadanos mexicanos.

Es una ilegalidad, una inconstitucionalidad. Con esto estamos a punto de acreditar de manera fehaciente con los ediles de Michoacán, que serán liberados después del proceso electoral, dijo.

–¿En qué posición se encuentra el Ejército Mexicano?

–El gobierno de México debería rectificar sus posiciones para colocarse del lado de las fuerzas armadas y no del lado del hermanamiento con Álvaro Uribe –que estoy convencido es el líder moral de Felipe Calderón–, porque el único defensor de los principios de un Estado confesional está en el palacio de gobierno de Nariño, en Bogotá. Prefiere eso el gobierno mexicano, fortalecer la integración subordinada a esas disposiciones y claudica en cuestiones soberanas, y queda bien con Barack Obama y con Uribe.

Marina Arvizu, coordinadora de Partido Social Demócrata en San Lázaro, consideró indispensable que el gobierno federal analice su postura de rechazo a la recomendación de la ONU.

Los militares no plantean el  fuero militar como un privilegio, sino como un acto de disciplina; el gobierno mexicano debería hacer una análisis profundo: cuando haya hechos que involucren a militares con civiles, los efectivos castrenses deben ir ante un juzgado civil. Lo cual no significa que no sean juzgados, además, en instancias militares.

—¿Los militares consideran positiva la postura del gobierno calderonista?

—Es preocupante que se ponga en riesgo la honorabilidad de una institución tan importante como el Ejército. Si no hay diálogo y acuerdo entre militares y civiles no se podrá conseguir el combate a la delincuencia. Todo esto es responsabilidad del mando político, no del mando castrense, es responsabilidad del Congreso mexicano resolverlo.