En el próximo período de sesiones que comienza en septiembre, PRD y PT en el Senado impulsarán una contrarreforma penal que elimine la figura de arraigo, la intercepción telefónica indiscriminada y quite valor probatorio a las declaraciones de testigos protegidos, ya que esos instrumentos fueron integrados a la legislación para el combate al crimen organizado, pero en realidad el gobierno de Felipe Calderón los ha utilizado con fines políticos, violando derechos humanos de la ciudadanía.

El perredista Tomás Torres y el petista Ricardo Monreal, coincidieron en que las nuevas leyes que el Congreso aprobó en materia de seguridad pública, han servido para que la Procuraduría General de la República (PGR) las utilice contra opositores políticos.

Por ello, en entrevistas por separado, dijeron que buscarán el respaldo del PRI para realizar en la próxima legislatura los cambios necesarios a la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública, que se aprobó en 2007, ya que su aplicación sólo ha generado excesos y hay incluso recomendaciones recientes del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que se deroguen algunos de sus aspectos, entre ellos el de arraigo.

Coincidieron en que esa contrarreforma penal tiene que partir de derogar la figura del arraigo de la Constitución. Monreal recordó que presentó una iniciativa en ese sentido, que está ya en comisiones y espera que se apruebe, pues ha recibido apoyo de senadores del PRI que están también conscientes del error que cometieron al aprobarla, porque ha permitido vejaciones y humillaciones contra alcaldes de Michoacán, a los que no se les ha probado que estén realmente involucrados con el narcotráfico, o contra custodios de la prisión de Cieneguillas, en Zacatecas, que ni siquiera estuvieron presentes cuando se dio la fuga masiva de miembros del grupo criminal “conocidos como Zetas”.

Si no se logra la mayoría calificada para una reforma constitucional, se tendrá que optar por modificaciones a leyes secundarias, como el Código Federal de Procedimientos Penales, agregó el perredista Torres.

La contrarreforma penal es prioritaria, poniendo a la cabeza de la legislación sobre justicia penal el respeto a los derechos humanos.

Monreal, a su vez, dijo que lo único que no se le aprobó a Calderón fueron los allanamientos de domicilio sin orden judicial, porque tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como juristas, académicos y organizaciones sociales, se opusieron a ello, pero pasaron todos los demás instrumentos, como el arraigo, el espionaje telefónico y los testigos protegidos, que tienen también que salir del marco jurídico nacional.

El coordinador del PT añadió que en la agenda del Congreso para la 61 Legislatura, que comienza en septiembre, es también importante la modificación del Código de Justicia Militar, a fin de establecer que los delitos del fuero común o federal cometidos por integrantes de las fuerzas armadas, serán juzgados por la autoridad civil.

Hace quince días, detalló, presentó ya una reforma en esa materia, con la finalidad de que sea la autoridad civil la encargada de juzgar delitos de militares y evitar así que al pasar los expedientes a tribunales castrenses, lo que impere sea la impunidad, como ocurre ahora.