El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) evaluará este miércoles la negativa por parte de la Secretaría de Salud (Ssa) a informar sobre el destino del préstamo que por 205 millones de dólares otorgó el Banco Mundial (BM) a México para atender la emergencia generada por la epidemia de la influenza que surgió en el país en abril pasado.

Según la dependencia, cuando se le requirió la información, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estaba en el proceso de negociación del préstamo referido con el BM. Por ello, sugirió al ciudadano que solicitara directamente los documentos respectivos a la SHCP.

Aun cuando la Ssa aseguró haber anexado en su respuesta electrónica oficios de sus áreas responsables del manejo de la información vinculada con el virus A/H1N1, los documentos respectivos no aparecen en el archivo remitido por la dependencia.

El solicitante se quejó ante el IFAI, luego de que la Ssa omitiera responder las condiciones bajo las cuales se negoció el préstamo, el fideicomiso o cuenta bancaria en la que se depositó el dinero, monto programado y destinado a la compra de vacunas y a la adquisición de equipo médico, transferencias bancarias, pagos en efectivo, recibos de honorarios y facturas por las compras de vacunas y otros insumos para hacer frente al virus de la influenza.

El IFAI también evaluará la declaratoria de inexistencia por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en torno a eventuales acuerdos, convenios y contratos que haya suscrito entre 2000 y 2008 con las empresas refresqueras Coca Cola y Pepsico, así como con Bimbo, entre otras.

Según la SEP, en sus archivos no existen documentos que consignen que se haya realizado algún acuerdo con dichas empresas para la venta de sus productos en las escuelas del país.

En tanto, la Secretaría de Gobernación informó que de 2003 a marzo pasado ha erogado 4 millones 262 mil pesos en el consumo general del servicio de radiolocalización, pero debido a que reservó por seis años los gastos en celular, así como los números asignados a los funcionarios y las llamadas realizadas y entrantes a los mismos, el IFAI determinará si procede la reserva de esos datos.