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Conformarán estructura para apoyar en la presentación de amparos

Organizaciones gremiales integran un comité en defensa del SME y del sector
Patricia Muñoz y Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Lunes 12 de octubre de 2009, p. 12

Medio centenar de organizaciones sindicales integraron ayer el Comité de defensa de la industria eléctrica, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la soberanía energética. Apoyarán legalmente a esa organización gremial y alentarán la estructura para que los trabajadores prommuevan juicios individuales de amparo.

En esta iniciativa participan gremios como el de tranviarios o de la industria nuclear, la Unión de Juristas y el Frente Sindical Mexicano, entre otros.

Señalaron que la decisión del presidente Felipe Calderón de liquidar la empresa Luz y Fuerza del Centro y tomar por asalto sus instalaciones, así como terminar unilateralmente las relaciones colectivas de trabajo con los electricistas, constituye una ofensiva temeraria e ilegal, por la forma, los fines y el contexto en que se da.

La medida es ilegal, agregaron los promotores del comité, porque los organismos descentralizados, al tener el carácter de empresas, no forman parte de la esfera del Poder Ejecutivo, ya que no son entes de la administración pública centralizada.

No es nada democrático sorprender legalmente y con un uso abusivo de la fuerza del Estado a un sindicato y movimiento de trabajadores que ha sido histórico y simbólico en la defensa de los intereses nacionales, afirmaron.

Además, sostuvieron, el decreto transgrede la normatividad administrativa al publicarse en día y horario inhábil, “en clásico sabadazo”, violando las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en la Constitución.

También viola el derecho de defensa y los derechos laborales adquiridos de los electricistas y del SME, establecidos en el artículo 123 constitucional y en su contrato colectivo de trabajo, porque no pueden ser privados de sus derechos sino por mandamiento o resolución judicial, dijeron.

Explicaron que la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, para proceder por incosteabilidad notoria y manifiesta de la empresa, debe sujetarse a la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.