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Se incumpliría sentencia de la SCJN de resolver laudos pendientes

Recorte a la Consejería Jurídica llevaría sanción a Marcelo Ebrard
 
Periódico La Jornada
Domingo 27 de diciembre de 2009, p. 23

El recorte de poco más de 400 millones de pesos al presupuesto de 500 millones, que la Consejería Jurídica del Distrito Federal había solicitado para el pago de laudos y cumplimiento de sentencias judiciales, pone en riesgo de ser sancionado, incluso destituido, al jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, a más de un secretario, al tesorero y a funcionarios fiscales de menor rango, ya que hay más de 100 casos de inejecución de sentencia que debe analizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este es un tema sensible, porque son obligaciones que la Suprema Corte nos impone, y que de no cumplir puede traer sanciones, pero son los diputados los que deciden el destino del gasto, admitió el secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo.

Consultada al respecto la consejera jurídica, Leticia Bonifaz, comentó que había el compromiso del Gobierno del Distrito Federal (GDF) con la Suprema Corte de Justicia de la Nación de considerar en el presupuesto de 2010 una partida especial para el cumplimiento de las sentencias jurídicas que están pendientes. Tendremos que ver de dónde se obtienen esos recursos.

Los primeros días de septiembre de 2009, la SCJN desechó los proyectos de sentencia que proponían no sólo destituir, sino también consignar penalmente al secretario de Finanzas y al tesorero capitalinos, Mario Delgado Carrillo y Luis Rosendo Gutiérrez Romano, respectivamente, por incumplir diversas sentencias que ordenaban la devolución del predial, debido a que de último momento se acreditó el cumplimiento de los fallos judiciales, así como el pago de un millón 400 mil pesos que desde 2003 debía devolver a una empresa.

En 2007, el gobierno capitalino debió pagar por este concepto 499 millones de pesos, y un año después, 430 millones.

Se estima que en la SCJN hay más de 100 casos de este tipo, cuya responsabilidades recaen en el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard; en los secretarios de Finanzas, Mario Delgado, y de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, así como en funcionarios fiscales de rango menor.