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Piden que se atienda cabalmente determinación de la CIDH

El gobierno no ha cumplido recomendaciones del caso Radilla, consideran ONG y deudos
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de febrero de 2010, p. 15

Las acciones que hasta el momento ha realizado el gobierno mexicano para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Rosendo Radilla Pacheco –desaparecido por el Ejército durante la guerra sucia–, en la que encontró al Estado mexicano culpable de violar derechos humanos, son insuficientes y no satisfacen el objetivo de la resolución, consideraron familiares de la víctima y sus representantes legales.

Los deudos de Radilla y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos informaron que el 22 de enero enviaron una carta al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en la que reiteran la necesidad de conformar un mecanismo en el que deudos, sus abogados, autoridades, la CNDH y la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México colaboren para el cumplimiento integral de la sentencia, petición que hasta el momento no ha sido respondida.

Señalaron que la Procuraduría General de la República (PGR) incumple con la resolución de la CIDH en lo relativo a la publicación íntegra de la sentencia para conocimiento general, pues si bien la colocó en su sitio web, el acceso al documento para el público en general es limitada.

Lo anterior, debido a que la sentencia –publicada a finales del año pasado– no es de fácil acceso en la página de la PGR. Para conocerla se necesita realizar al menos cuatro operaciones. Además –afirman–, no existe ningún mecanismo de alerta, llamado o ayuda que facilite su localización.

Una de las obligaciones que la CIDH planteó al Estado mexicano fue publicar íntegramente la sentencia y algunos de sus puntos sustantivos en un periódico de circulación nacional –esto último se cumplió–; sin embargo, la ONG y los familiares de Radilla consideraron que el hecho de que se complique el acceso al documento en el sitio web de la PGR limita su difusión.

Además, esta publicación se realizó sin consultar previamente a las víctimas y a sus representantes, quienes fuimos informados de ello con posterioridad al hecho y (sólo) por vía telefónica. Esto impidió que se nos escuchara para exponer los términos que consideramos hubiesen sido satisfactorios.