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Advierte sobre un aumento en la injerencia de poderes fácticos

OEA: urge regular financiamiento en campañas electorales de AL

Cada vez más gobernantes atienden compromisos con sectores que los financiaron y no a los ciudadanos que los eligieron, según el organismo

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Propaganda electoral en la ciudad de MéxicoFoto Guillermo Sologuren
Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Lunes 5 de abril de 2010, p. 13

Ante el creciente papel que ha cobrado el financiamiento en las campañas electorales y la injerencia que con ello han adquirido los denominados poderes fácticos en América Latina, es necesario avanzar hacia reformas que regulen la preponderancia de los recursos económicos en el sostenimiento de los partidos políticos. Un estudio de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el tema alerta sobre sus consecuencias: los gobernantes atienden centralmente sus compromisos con los sectores que los financiaron, y no a los ciudadanos que los eligieron.

El documento, denominado La democracia de ciudadanía: una agenda para la construcción de la ciudadanía en América Latina, concluye que es imperiosa la necesidad de una reforma al sistema de financiamiento de la política, (pues) es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y la posibilidad de evitar la cooptación de los gobiernos. La cuestión del financiamiento de la política juega un papel decisivo en la construcción de poder, al determinar el acceso a los cargos de decisión, a la vez que tiene un papel importante para dar contenidos a las políticas públicas.

Según el análisis, el rumbo que han tomado las últimas campañas electorales efectuadas en America Latina revelan los mayores requerimientos económicos que éstas han involucrado, pues ahora a los recursos propios de la logística electoral y de propaganda, se han unido otros elementos como encuestas, mercadeo, publicidad, tecnologías de la comunicación.

Todo lo anterior representa nuevos requerimientos económicos de los partidos políticos, lo que supone mayor dependencia respecto de las fuentes de financiamiento, particularmente cuando la mayor parte de los recursos es de origen privado.

Por ello, el estudio recomienda incrementar los esquemas de fiscalización de los recursos económicos utilizados para el financiamiento de las campañas, modificar los tiempos y esquemas con el propósito de reducir la importancia del dinero en el proceso democrático; introducir esquemas mixtos (dinero público y privado) que favorezcan mayores controles; obligar a los partidos a tener mayor transparencia y mecanismos de rendición de cuentas, entre otras medidas.

Decrece confianza en partidos

En forma paralela, el análisis reconoce que en America Latina la percepción ciudadana respecto a los partidos políticos es de desgaste, pues se mantienen como una de las instituciones menos confiables de la sociedad, a pesar de la importancia que tienen para el sostenimiento de la democracia.

Además de los nuevos instrumentos para medir el rumbo de las campañas, las encuestas han provocado que las ofertas electorales de los partidos sean cada vez mas genéricas en aras de atraer un sector más amplio de votantes potenciales.

La prioridad es satisfacer al mayor número y evitar molestar al mayor número de electores. No alejar el apoyo de votantes potenciales es razonable para cualquier candidato, pero la generalidad como norma, la vaguedad como criterio para comunicarse con los electores, termina produciendo consecuencias en el corazón mismo del sistema electoral: desaparecen las opciones, revela el analisis.

Una consecuencia lógica de esta oferta tan genérica de las opciones electorales es que ahora las contiendas tienen un fuerte componente de las personalidades de los candidatos y no una diferenciación de las alternativas programáticas de cada uno. Existe entonces una fuerte personalización de la política, que en algunos casos extremos lleva a personajes mesiánicos a contender por el poder

Ante esta situación, el documento concluye: “Es difícil imaginar un cambio en la relación ciudadano-partidos si no se modifica la pobreza de la mayoría de los programas electorales de los partidos. En muchos países estos programas, que deberían especificar el contenido concreto de las opciones del votante y los términos del contrato electoral, son precarios, mínimos genéricos que enuncian más bien objetivos generales (combatiremos la pobreza, promoveremos la educación, salud para todos, un salto de crecimiento, mantendremos la economía sana y equilibrada…) sin mencionar las políticas públicas para alcanzarlos”.