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Trasladan al ex general Videla a Córdoba para ser juzgado mañana

Secuestrado por la dictadura argentina denuncia por extorsión a ex ministro
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Abuelas de Plaza de Mayo informó ayer que las prendas de los hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble, Felipe y Marcela, estaban contaminadas, por lo que no se pudo realizar el examen genético para determinar si son hijos de desaparecidos. En la imagen, los jóvenes de la polémicaFoto Ap
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 32

Buenos Aires, 28 de junio. Eduardo Saiegh, ex vicepresidente ejecutivo del Banco Latinoamericano, quien fue secuestrado durante la pasada dictadura militar en Argentina, y obligado a vender sus acciones en esa entidad, denunció por extorsión al procesado ex ministro de Economía del régimen castrense, José Alfredo Martínez de la Hoz.

Saiegh, plagiado el 31 de octubre de 1980, acusó al ex ministro de ser el autor de escritorio de su secuestro y rememoró los pasos judiciales que se intentaron en casi 20 años de trámites que naufragaban en diversos juzgados.

Esta denuncia la tramitó el abogado Eduardo Barcesat que representa a Saiegh ante el juez federal Daniel Rafecas.

También alcanza a Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la dictadura (1876-1983).

Ambos acusados habrían ordenado el secuestro de Saiegh porque su banco era depositario de las acciones de Austral Líneas Aéreas, que resultaban necesarias para concretar su estatización a manos de la dictadura y así hacerse cargo de la compañía y otros negocios.

De acuerdo al relato del ex banquero a la agencia oficial Télam, durante su secuestro estuvo en dependencias del Departamento Central de Policía donde, tras una semana de cautiverio y torturas, sus captores le dijeron “entrégate, Turco, estás liquidado”, y le ofrecieron un arma para que se suicidara.

Éste respondió que “si hay liquidación ‘el Turco’ puede hacer una oferta”, después de lo cual hicieron un convenio, a todas luces extorsivo en que se comprometió a pagar 500 mil dólares, entregando durante diez semanas a razón de 50 mil dólares en cada oportunidad.

El lugar elegido para la entrega del dinero fue la confitería del Jockey Club, adonde debía llevar el dinero todos los viernes.

Saiegh hizo centenares de trámites, caminó por juzgados, fue escuchado inútilmente por jueces y llegó a la conclusión de que Martínez de Hoz es uno de los grandes responsables intelectuales del golpe militar, que el 24 de marzo de 1976 instaló la más cruenta dictadura en el país. Desde su punto de vista los responsables de la dictadura cumplieron con el objetivo marcado de destruir y entregar al país y su gente.

Nada más justo que la cárcel de los militares condenados, pero nada más injusto que la libertad y la supuesta inocencia de quien fue autor y ejecutor de la más grave tragedia humana y material que vivió nuestra patria, que odió la democracia y participó de todas sus derrotas, agregó el ex banquero hablando con Télam.

Relató que durante las torturas a las que fue sometido en su cautiverio se ensañaban especialmente por ser judío, y que le pedían que se hiciera cargo de cualquier delito para así poder quedarse con el Banco y las acciones controlantes de Austral, caucionadas en garantía por sus accionistas.

Para el abogado Barcesat, éste es un delito de lesa humanidad, y, por tanto, imprescriptible. Éste es otro caso que hace justicia sobre un tema que hasta ahora estaba bajo la alfombra y es la responsabilidad de los funcionarios civiles de la última dictadura militar, que quedaron al margen.

El caso de la venta de Papel Prensa de la familia Graiver que sufrió secuestros y torturas y en esas condiciones firmó la entrega de sus acciones, puso en escena la perversidad de la dictadura y la complicidad de civiles, con el fin de apoderarse de empresas y otros bienes.

De hecho, Martínez de Hoz fue denunciado -entre otros casos- en 2008 por la familia de un ex funcionario del Palacio de Hacienda Juan Carlos Casariego De Bel, cuyo crimen se le imputa en función de sacarlo del medio porque objetó la operación de estatización de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, dadas las graves irregularidades en esa acción.

El ex ministro de la dictadura entre 1976 y 1981 está procesado por el secuestro del empresario textil Federico Gutheim y de su hijo, Miguel en 1976, cuya la orden directa está firmada por el ex dictador Jorge Rafael Videla y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.

Los Gutheim estuvieron detenidos, bajo tormentos, entre noviembre de 1976 y abril de 1977 y liberados luego de que accedieron a firmar un acuerdo para exportar algodón a Hong Kong, que le interesaba a Martínez de Hoz como un gran negocio.

En este mismo marco de situación el ex general Videla fue trasladado a Córdoba, donde deberá afrontar otro juicio junto al ex general Luciano Benjamín Menéndez -también condenado en otras causas- por el fusilamiento de 29 detenidos políticos que estaban en una unidad penitenciaria a cargo del poder ejecutivo.

Los 29 detenidos estaban en la cárcel antes del golpe de Estado acusados de subversión y fueron fusilados fraguando fugas para justificar esos crímenes. En general buena parte de los detenidos políticos que estaban en cárceles antes del golpe de marzo de 1976, a disposición del Poder Judicial, sobrevivieron, porque ya estaban registrados y era difícil para los militares desaparecerlos como al resto.

El juicio comenzará el próximo viernes en Córdoba, y para la Justicia y las organizaciones de derechos humanos, éste es el más importante de los juicios después del proceso contra los miembros de la junta militar (1985), ya que el dictador Videla tendrá que estar en el banquillo y además por la cantidad de víctimas e imputados en este caso de extrema gravedad. Más de 60 testigos desfilarán ante tribunales. Además de Videla y Menéndez, están imputados otros 23 represores que deberán responder por delitos de `homicidio calificado` y `tormentos`.

Al cierre de esta edición, Abuelas Plaza de Mayo informó que las prendas recogidas en la casa de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, no pudieron usarse para realizar las pruebas genéticas que determinen si los hijos adoptados por la empresaria durante la dictadura, Marcela y Felipe, son en realidad hijos de desaprecidos.

Los peritos informaron que, llamativamente, las prendas contenían información genética contenpian información de numerosas personas de distintos sexos, señaló Abuelas de Plaza de Mayo.

Ahora los peritos declararán ante la justicia las razones por las cuales podrían aparecer tantos perfiles genéticos en prendas íntimas y de vestir, pues no parece posible que se trate de algo casual o accidental.