Chalco, Méx., 14 de octubre. Al menos 500 habitantes del fraccionamiento Villa de San Martín intentaron linchar a seis integrantes de la comunidad gitana (entre ellos cuatro niños), a la que acusan de robar menores de edad, invadir casas abandonadas y estafar con la lectura de la mano.

Unos mil policías del grupo Fuerza de Acción y Reacción de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) acudieron a rescatar a los agredidos, pero fueron recibidos a pedradas. Los agentes detuvieron a tres vecinos y la turba retuvo a Jorge Sánchez Ramírez, director regional de Gobierno. Luego de cuatro horas se pactó un intercambio y todos fueron liberados.

Durante el enfrentamiento la gente prendió fuego a una camioneta matrícula JBX 2920, propiedad de una familia de gitanos en la cual llevaban algunas pertenencias porque estaban por mudarse. El vehículo quedó volcado en el acceso a Villas de San Martín, a unos tres kilómetros de la caseta de la autopista México-Puebla.

La mañana de este jueves un grupo de vecinos se concentró en la zona escolar del conjunto habitacional ubicado en el pueblo de San Martín Cuautlalpan, donde acordó sacar del fraccionamiento a los gitanos, a quienes culpan de la inseguridad en la zona.

La turba se dirigió a los domicilios ubicados en la calle Distrito Federal 18-A y en la esquina de Chihuahua y Privada de Quintana Roo, y arrojaron piedras, palos y botellas.

Poco después llegaron mil policías y del primer domicilio rescataron a Estefanía Hernández Sánchez, de 30 años de edad, y a los niños Jesús, Guadalupe, Stuart y Brian, de apellidos Jean Hernández, de 10, cinco, tres y tres años de edad, respectivamente, quienes fueron llevados al sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

De la segunda vivienda los agentes rescataron a Alicia Méndez Hernández, de 60 años, quien recibió atención médica en la ambulancia 258 de protección civil municipal.

Tres personas que enfrentaron a los policías fueron detenidas por agentes de la ASE. En respuesta, los vecinos retuvieron al director de Gobierno estatal para la región de Amecameca.

El párroco Apolonio Rosales evitó que lincharan al funcionario y logró su traslado a la parroquia San Martín Obispo, mientras se negociaba su libertad a cambio de los colonos detenidos.

La ASE señaló que ninguno de los vecinos pudo dar información contundente sobre los delitos que imputan a los gitanos y que las acusaciones sólo se basan en rumores.

El 18 de septiembre, el ayuntamiento de Ixtapaluca solicitó al Instituto Nacional de Migración que corroborara la situación legal de 180 gitanos que viven en casas de interés social de la unidad habitacional Santa Bárbara, debido a una queja de vecinos.