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Encabezan 3 alcaldías abusos en Hidalgo
 
Periódico La Jornada
Viernes 15 de octubre de 2010, p. 41

Pachuca, Hgo., 14 de octubre. Las presidencias municipales de Tula de Allende, Jaltocan, Tlanapa y Zempoala, así como el gobierno del estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los Servicios de Salud estatales, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) local son las entidades que concentran el mayor número de recomendaciones por violaciones a las garantías individuales, dio a conocer la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEH).

En su informe más reciente, el organismo dio a conocer que encabezan su lista de abusos los ayuntamientos mencionados, con 16 recomendaciones, seguidos por el gobierno del estado (13); la SSP, que recientemente tomó el mando de la policía municipal de Pachuca (cuatro), el sistema de hospitales (cuatro), la SEP (tres) y la PGJE (tres).

A estas recomendaciones, registradas hasta el 23 de septiembre, se suman las que la CDHEH emitió a la alcaldesa de Pachuca, Geraldina García Gordillo, y al secretario de Seguridad Pública, Damián Canales Mena, por el excesivo uso de la fuerza policíaca contra indígenas que protestaron el 20 de abril en el Congreso del estado.

También se emitieron recomendaciones a las policías municipal y estatal, cuyos elementos irrumpieron ese día en el recinto legislativo, y a la Secretaría de Salud, por negligencia médica en el Hospital de Obstetricia de esta capital.

En entrevista, el presidente de la CDHEH, Raúl Arroyo, explicó que las quejas contra la policía se deben a abusos contra la población, mientras en las escuelas los reclamos se relacionan con maltrato y discriminación de profesores contra los alumnos. En el sistema de salud, las quejas más frecuentes se refieren a la deficiente atención y a la falta de calidad de los servicios en hospitales.

Situación normal

El ombudsman rechazó asignar una calificación a la observancia de los derechos humanos en el estado.

“‘En Hidalgo vivimos lo que yo llamaría normalidad, pues no puede haber condiciones homogéneas de derechos humanos en las zonas rurales. Ni siquiera en las zonas urbanas podemos hablar de absolutos.”