Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) afirmaron que impedirán cualquier conducta ilegal que pudiera afectar los procesos electorales de este año (en siete entidades) y el próximo.

Ante la situación de inseguridad, la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, dijo que el tribunal tiene una enorme responsabilidad para la estabilidad política y la transición pacífica del poder.

Sin embargo, precisó que es responsabilidad del Estado ofrecer condiciones de seguridad a candidatos, instituciones electorales y ciudadanía en general, para consolidar a las instituciones democráticas y la transición pacífica en todos los cargos de elección popular.

Tenemos que empapar de legalidad y de constitucionalidad cualquier acto del proceso electoral que sea impugnado ante nosotros, precisó.

En conferencia de prensa, los magistrados reconocieron que han tenido que resolver con los instrumentos que establece la Constitución y las normas disponibles, aunque hacen falta leyes reglamentarias a diversos artículos constitucionales, especialmente en lo concerniente a propaganda ilegal de funcionarios.

Los magistrados Flavio Galván y Manuel González Oropeza señalaron que es tarea del Congreso solventar los pendientes legislativos en materia de libertad de expresión, precampañas y campañas, así como la regulación del artículo 41 constitucional sobre radio y televisión, entre otros, además de los mensajes difundidos en redes sociales, muy difíciles de controlar.

Finalmente, evitaron manifestarse sobre la reciente revelación acerca del reparto de propaganda proselitista y diversos materiales en escuelas públicas, atribuida a la estructura del Partido Nueva Alianza (Panal).

Es una cuestión de carácter político y no corresponde a este tribunal opinar. No podemos dar una opinión previa, porque sería prejuzgar, dijo finalmente el magistrado José Alejandro Luna Ramos.