La operación Rápido y furioso, mediante la cual autoridades estadunidenses permitieron el contrabando de más de 2 mil armas de alto poder a México, es una muestra del doble discurso con que Washington aborda el tema de la violencia en el país, y amerita una explicación de los responsables de ambos lados de la frontera, señalaron activistas de derechos humanos y el Episcopado mexicano.

Edgar Cortez, miembro del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que dicho operativo encubierto es una muestra muy clara de la incongruencia de la política estadunidense, porque por un lado expresan respaldo al gobierno mexicano, pero no hay acción efectiva contra el tráfico de armas. El peso comercial de la industria del armamento, señaló el activista, siempre ha obstaculizado cualquier iniciativa de control en este sentido. Al mismo tiempo, Washington ha preferido dirigir sus baterías contra los países de producción y tránsito de drogas –obviando sus propios índices de consumo–, lo cual traslada a otros territorios los mayores costos humanos de la guerra.

Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, coincidió en que la venta casi irrestricta de arsenales en Estados Unidos es una medida que solamente busca favorecer a los propietarios de dichos negocios, aunque ese sea uno de los factores que han hecho crecer la violencia en México. Está demostrado que quien está armando a los grupos delictivos es Estados Unidos, con su permisividad. Ese es el punto de partida de lo que nos está ocurriendo, y el hecho de que el gobierno mexicano no haya levantado la voz es muy preocupante, dijo.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que tanto Estados Unidos como México deben aclarar si ambos estaban al tanto de que esas armas entraron al país.

Manuel Corral, secretario ejecutivo de relaciones institucionales de la CEM, indicó que dada el alza de la violencia en el país, el fin no justificaba introducir armas, más aún cuando los agentes estadunidenses les perdieron la pista. En un principio, quienes idearon este plan quizá tuvieron buenas intenciones, pero no se justifica. Esto sí nos pone furiosos a todos, porque nos hace sentir como idiotas, aseveró.

Corral señaló que el hecho de que se echen la bolita hace pensar que los dos son responsables, y por ello insistió en que deben explicar. Si no se informó al gobierno mexicano –subrayó–, la Casa Blanca no sólo violó la soberanía nacional, sino que se hizo cómplice de las miles de muertes que ha dejado el crimen organizado en el país.