Bogotá. Una norma que suspende órdenes de captura y ejecución de condenas para unos 25 mil desmovilizados, en su mayoría ex paramilitares, por delitos distintos a los de lesa humanidad entró en vigor ayer en Colombia. Numerosos combatientes permanecían en un limbo jurídico, ya que podrían ser llamados a juicio por otros delitos, lo que llevó a algunos, según el gobierno, a regresar a la ilegalidad.