A más de cuatro años de que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fueran desaparecidos por elementos de las Fuerzas Armadas, el crimen sigue en la total impunidad debido a la falta de voluntad política de las autoridades mexicanas, lamentaron los integrantes de la Comisión de Mediación (Comed) entre el gobierno federal y el mencionado grupo guerrillero.

Durante la presentación del libro Desapariciones forzadas en México –con el que buscan documentar todo el proceso de búsqueda de justicia para ambos guerrilleros y sus familiares–, los miembros de dicha instancia advirtieron que este delito de lesa humanidad forma parte de una estrategia gubernamental para acallar el descontento social.

José Enrique González Ruiz, coordinador del programa de derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dio lectura a un comunicado mediante el cual denunciaron que a pesar de las evidencias que indican la participación de soldados en la desaparición de Reyes y Cruz, la Procuraduría General de la República (PGR) ni siquiera ha abierto una averiguación previa para esclarecer el ilícito.

Aunque la Secretaría de Gobernación prometió darle cumplimiento a la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta el momento no ha habido ningún avance en la búsqueda de los miembros del EPR, ni en el enjuiciamiento de los responsables de su detención.

Las Fuerzas Armadas siguen cobijadas por una interpretación anticonstitucional del fuero de guerra previsto en el artículo 13 de la Carta Magna y no son molestadas ni con el pétalo de una orden de presentación, aseveró la Comed.

Además, el grupo lamentó que la PGR desperdicie la oferta del nuevo gobernador oaxaqueño, Gabino Cué, para colaborar en la resolución del crimen. Da la impresión de que al gobierno no le importa avanzar en ello, indicó González Ruiz.

Por su parte, Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), subrayó que a pesar de que la CNDH demostró a toda prueba que ambos militantes sufrieron desaparición forzada a manos de soldados, los avances en las investigaciones han sido nulos.

Gilberto López y Rivas, académico y articulista de La Jornada, lamentó que el gobierno mexicano traicione siempre los acuerdos a los que llega con la sociedad civil, y muestre desobediencia total a los convenios internacionales en materia de derechos humanos.