El constitucionalista Jorge Carpizo McGregor, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuestiona que en la actual administración se haya puesto a la Policía Federal por encima de la que depende del Ministerio Público, lo que limita los procesos indagatorios, la procuración de justicia y la seguridad pública. Critica, asimismo, que la nación se diga democrática mientras mantiene la práctica del arraigo hasta por 80 días.

Manifiesta que el Ejército debe dejar de ejecutar labores de seguridad pública tan pronto como le sea posible, y en tanto esto se concreta, sus acciones deben ser respetuosas de los derechos humanos: si un soldado comete alguna violación, se debe aplicar la ley; esto no debilita las fuerzas armadas, al contrario, las fortalece.

Por un pacto político y social

Con motivo de las propuestas que la UNAM presentó el lunes pasado a los poderes públicos y a la ciudadanía en materia de seguridad –documento en el que Carpizo tuvo un papel preponderante–, en entrevista con La Jornada el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios subraya que gran parte del cambio en la actual crisis de violencia, ingobernabilidad e inseguridad que vive México, surgirá en las ideas y acciones de la sociedad civil organizada. Los planteamientos universitarios refieren que debe concretarse un pacto político y social que dé un giro inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad y la reducción del número de muertes, heridos y lesionados, entre otros.

Quien fuera también procurador general de la República, secretario de Gobernación y ombudsman nacional –hoy también es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional– advierte sobre la urgencia de fortalecer, dar autonomía y hacer transparente al Ministerio Público Federal, y definir en la Constitución el término seguridad interior.

Carpizo analiza algunas de las principales propuestas –sobre todo las relativas al Ministerio Público Federal– contenidas en el documento entregado por la UNAM a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

–¿Se han acotado las funciones de la PGR en el actual sexenio?

–La dependencia que ha tenido menos apoyo económico es el Ministerio Público Federal, del cual depende –por orden constitucional– la policía de investigación. Si comparamos sus recursos con los que se han otorgado a la policía que depende de la Secretaría de Seguridad Pública federal, no hay proporción.

En casi todos los países existen dos policías: la de seguridad y la de investigación, con funciones diferentes. Por ejemplo, ante lo que pasa hoy en Inglaterra: supongamos que durante las manifestaciones y disturbios ocurren delitos, hay una policía que interviene para preservar el orden público, y la de investigación realiza y perfecciona las indagatorias. Debe haber colaboración, pero el Estado tiene que sostener a las dos en un pie de igualdad. No le conviene apoyar a una sola corporación en detrimento de otra. Pero hoy, en México, se descuidado a la Agencia Federal de Investigación, lo que no es bueno, dada la importancia de sus funciones.

–En el documento redactado por una comisión que usted encabezó se propone la redefinición del Ministerio Público. ¿Cuál sería ésta?

–Hay que crear consejos de verificación y hacer realidad la carrera de agente del Ministerio Público y del policía de investigación. Si bien existe, no se traduce en acciones. Estos servidores están a la voluntad de sus superiores, y es muy grave, porque si no acatan una orden por considerarla ilegal pueden ser despedidos, y aun ganando un juicio, la Constitución dice que no serán reinstalados. Esto desmotiva la honradez y la eficacia.

Si existiera una verdadera carrera judicial, si a un agente del MP le dieran una orden que considera indebida, podría no cumplirla bajo ese argumento. Entonces, para su defensa podría acudir a los consejos, que emitirían una resolución: darle la razón o señalar que está equivocado y que debe acatar la indicación. También se necesita darles estímulos económicos y sociales por méritos, donde la participación de los consejos es importante porque los ascensos no pueden depender del jefe. Esto daría más autonomía.

–¿Cuál es su opinión sobre la propuesta del PRI para transformar a la PGR?

–Sugiere crear dos fiscalías generales de la nación: una para los delitos del crimen organizado y otra para todos los demás actos ilícitos. Quienes han intervenido en ese proyecto son personajes respetables y conocen bien el problema. Sin embargo, la solución está en otro lado, y ellos lo saben muy bien. La respuesta es la autonomía del MP.

“Para que esta dependencia sea un órgano constitucional autónomo necesita un buen nombramiento de procurador, la creación de los consejos –que jugarían un rol similar a los de la Judicatura Federal– , autonomía presupuestal y evitar que los fiscales sean presionados por sus superiores para adulterar pruebas por motivos políticos. La única verdad jurídica es la que sale del expediente.”

Carpizo destaca también la necesidad de que la figura de juez de control –que ya existe en el país– realmente opere. Estos tienen la función de emitir las órdenes de aprehensión con base en averiguaciones previas bien sustentadas –en horas, en muchos casos–, con el fin de evitar que se fuguen quienes son señalados por un posible delito.

–¿Es válido que los diferentes cuerpos de seguridad realicen labores de investigación, o sólo le corresponde a la policía del MP?

–La policía puede investigar y recabar pruebas, pero quien valora y analiza los aspectos jurídicos para determinar si procede la acción penal es el MP.

La función de un agente del Ministerio Público es tan importante como la de un juez. Se trata del funcionario que decide, con base en un expediente, si una persona perderá su libertad y se le someterá a proceso. Y es al juez a quien corresponde la última decisión. Es tal la importancia de ambos que en muchas naciones, sobre todo de Europa, su salario es el mismo y los puestos son intercambiables: un juez puede pedir ser fiscal, y viceversa.

–En el Congreso Internacional sobre Seguridad con Justicia y Democracia, que fue la base de la propuesta universitaria, se dijo que el arraigo viola los derechos humanos.

–Estoy de acuerdo en que exista, pero con los límites aceptados por el derecho internacional de las garantías fundamentales. Éste sólo puede ordenarlo un juez y se otorga si existen indicios de que alguien que ha cometido delitos graves pudiera fugarse. Pero en México el arraigo es de 40 días, y susceptible de duplicarse. No conozco ningún país democrático en el mundo que tenga un arraigo de 80 días, es una exageración. Es una figura muy delicada, porque cuando termina el arraigo y no hay pruebas suficientes para consignar a la persona, ese hecho tiene consecuencias familiares, sociales, laborales y económicas. Y (las autoridades) sólo dicen ‘perdone usted’.

Yo estoy por que el arraigo sea de 10 días, porque se supone que la investigación no parte de cero, que el MP ya tiene suficientes elementos para perfeccionar el ejercicio de la acción penal.

–¿La propuesta universitaria pide la salida del Ejército de labores policiacas?

–De acuerdo con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública corresponde a la autoridad civil; no hay por dónde perdernos. Las funciones del Ejército son claras: seguridad nacional.

Ahora bien, el artículo 89 de la Constitución, fracción sexta, dice que el Presidente de la República puede movilizar a toda la fuerza armada del país por seguridad interior. Pero no tenemos una definición de seguridad interior, que es un problema constitucional serio. Sin embargo, el artículo 29 se refiere a las situaciones graves, por las que incluso se suspende la vigencia de los derechos humanos, pero esa normativa no deja la decisión al criterio de una sola persona: se necesita el consenso del gabinete y del procurador, así como la autorización del Congreso. El Presidente no puede declarar la guerra si antes no lo aprueba el Legislativo, por ejemplo. Se trata de controles, que incluso pueden darse a posteriori, pero en el caso de seguridad interior no hay ningún control.

Para el ex rector, el Ejército debe regresar a sus funciones naturales apenas sea posible, ya que si se retira de la noche a la mañana se corre el riesgo de que varias zonas del país queden en poder del crimen organizado.

–Ha trascendido que agencias estadunidenses operan en territorio mexicano. ¿Esto vulnera la soberanía nacional?

–Cuando tuve la responsabilidad de la PGR (1993) todo se hizo con elementos mexicanos, y los resultados fueron muy buenos. México tiene todos los medios para dar esta batalla (contra el crimen organizado) por sí mismo. La colaboración internacional es bienvenida, pero desde mi punto de vista debe ser sólo eso: colaboración, intercambio de información y diálogo.

–¿Es benéfico que los movimientos sociales puedan incidir en políticas públicas?

–Estoy convencido de que en el estadio que está México, parte del cambio debe provenir de la sociedad civil organizada. Confío plenamente en los actuales movimientos sociales y sus líderes; les tengo verdadero aprecio personal.