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Asesinan a otro líder de campesinos en la zona del Bajo Aguán

Miles de alumnos marchan contra ley que privatiza educación en Honduras
Afp y Xinhua
 
Periódico La Jornada
Martes 23 de agosto de 2011, p. 23

Tegucigalpa, 22 de agosto. Miles de estudiantes hondureños protestaron este lunes en esta capital contra una nueva ley de educación, que según docentes y alumnos pretende privatizar la enseñanza.

Vistiendo sus uniformes, los estudiantes se congregaron en un colegio del centro de la ciudad y desde ahí marcharon hacia el edificio del Congreso Nacional para exigir que sea desestimado el polémico proyecto de ley.

Ya entregamos los puntos al presidente Porfirio Lobo para que no se apruebe la Ley de Educación Superior, dijo a Afp el dirigente estudiantil Manolo Aguilar.

Unos 5 mil estudiantes participaron en la marcha, según estimaciones de periodistas en el lugar; las autoridades no dieron cifras de concurrencia.

La policía no intervino este lunes, a diferencia de la semana pasada, cuando agentes antimotines lanzaron gas lacrimógeno y arrestaron a decenas de estudiantes.

La protesta coincidió con un paro parcial de labores convocado por los gremios de educadores, también en rechazo a la aprobación de la nueva ley general de educación.

Lobo impulsa un diálogo para poner fin a las protestas, que estallaron hace cuatro semanas con la toma de unos 150 colegios del país por estudiantes.

En otro asunto, el vicepresidente del Movimiento Unificado de Campesinos, Pedro Salgado, fue asesinado anoche junto a su esposa en su casa en una finca del Bajo Aguán, en el norte del país.

Se trata del segundo crimen contra un dirigente campesino. El sábado fue asesinado el presidente del Movimiento Auténtico Renovador Campesino del Aguán, Secundino Ruiz Vallecillo, mientras salía de un banco en Tocoa, en el norte. La zona del Bajo Aguán, unos 350 kilómetros al norte de Tegucigalpa, ha sido escenario de enfrentamientos entre campesinos y guardias privadas que vigilan las fincas. Desde hace más de un año, campesinos agrupados en 28 organizaciones ocuparon 13 fincas, unas 11 mil hectáreas, lo que ha dejado un conflicto agrario con decenas de muertos.

El 17 de abril de 2010 el presidente Porfirio Lobo y los líderes campesinos lograron un arreglo preliminar para la entrega de tierras a los tres propietarios que las obtuvieron hace 20 años en un litigio judicial.