Yida, Arabia Saudita, 4 de septiembre. Afuera de una residencia rodeada de palmeras en la periferia de Yida, la segunda ciudad de Arabia Saudita, autos de la policía vigilan una corte donde 16 hombres fueron enjuiciados este año tras permanecer detenidos más de cuatro años.

Los hombres enfrentan cargos de financiar el terrorismo y coordinarse con Al Qaeda para tomar el poder, además de otros presentados el año pasado.

Activistas de derechos humanos dicen que los prisioneros –de muy conocidas familias sauditas, incluidos profesores y un ex juez– en realidad fueron detenidos por negarse a atender las advertencias del Ministerio del Interior de abandonar el activismo y planeaban crear un partido político.

Mi padre es una persona que no puede permanecer en silencio acerca de lo que está mal, ya sea en la calle o en nuestra casa, dijo Eman Shemairi, hija de uno de los detenidos, en un video en YouTube en marzo.

Pero los detenidos de Yida son más afortunados que muchos otros.

Miles han desaparecido en el agujero negro de las prisiones sauditas sin acusación o señal alguna de cuándo podrían ser liberados, según grupos de derechos humanos sauditas e internacionales.

El gobierno dice que es un Estado islámico que gobierna por medio de la sharia y confiere a eruditos religiosos amplios poderes en la sociedad y un papel de asesores de la familia real saudita.

Según activistas, el resultado es que las fuerzas de seguridad pueden actuar con impunidad y los acusados están sujetos a la interpretación de la ley sharia por parte de un solo juez. En muchos casos no se les permite tener contacto con sus abogados.

Sin un código penal, incluso hay confusión en cuanto a las definiciones, incluido lo que se califica como detenciones y prisioneros políticos.

Los sauditas pueden hallarse en una puerta giratoria de detención, liberación y detención que dificulta calificar claramente a alguien como arrestado o mantener un registro de los antecedentes.

Y en un sistema en el que no hay espacio para partidos o procesos democráticos, no existe el concepto de delito de connotaciones políticas, y por lo tanto no hay prisioneros políticos.

El largo brazo de las fuerzas de seguridad, con luz verde para detener a su voluntad, fue una queja predominante entre los manifestantes que salieron a las calles en Túnez y Egipto a comienzos de este año, derrocaron a gobernantes veteranos y enviaron ondas expansivas por toda la región.

El gobierno dice que eso no ocurrirá en Arabia Saudita debido a su sistema islámico y a la popularidad del rey Abdulá, aunque no queda claro cuánta de esa popularidad se ha filtrado al resto de su familia.

Reiteramos que no hay prisioneros políticos en el reino, afirmó el vocero del Ministerio de Interior, Mansour Turki.

El ministerio dijo que 5 mil 696 personas habían sido detenidas en el contexto de casos de militantes, y agregó que 5 mil 80 de éstos ya habían comparecido ante la justicia, mientras las autoridades tratan de procesar el cúmulo de arrestos desde fechas tan anteriores como 2003.

Arabia Saudita empezó a combatir la militancia de Al Qaeda en 2003, detuvo a miles de sospechosos de tener nexos con grupos militantes, pero decenas fueron arrestados a principios de este año luego de pequeñas protestas y reuniones a favor de la democracia en la provincia oriental.

Manifestantes se congregaron en marzo afuera del Ministerio del Interior, en Riad, para exigir la liberación de familiares.

Arabia Saudita tiene un aparato de policía moral dirigida por la poderosa élite clerical en coordinación con el Ministerio del Interior, lo cual significa que es posible que algunos estén detenidos por la seguridad estatal por presuntos crímenes contra el islam, como insultar al profeta Mahoma, denigrar el Corán o sospechas de brujería.

Grupos de derechos humanos independientes dicen que puede haber entre 12 mil y 30 mil arrestados en prisiones sauditas que son usadas específicamente para casos que involucran temas de seguridad nacional.

El organismo saudita de derechos humanos Human Rights First estima que el número de detenciones del aparato de seguridad oscila entre 12 mil y 15 mil, según su director, Ibrahim Mugaiteeb.

La Asociación Saudita de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA, por sus siglas en inglés) considera que todas las prisiones conectadas con el Directorio de Investigaciones Generales (DGI), el aparato de seguridad estatal, están llenas, lo que acercaría el número total de detenidos a unos 30 mil.

La semana pasada envió una carta abierta al Ministro del Interior, el príncipe Nayef, en la que detalló los casos en los que decía que los atentados contra la seguridad habían sido fabricados para justificar arrestos de activistas políticos, pero que muchos simplemente habían sido víctimas de los caprichos de funcionarios de seguridad.

Amnistía Internacional, con sede en Reino Unido, estima que el número de personas que han sido detenidas sin cargos formales en Arabia Saudita llega a miles, algunos por criticar al gobierno y otros por razones de seguridad.

Hay un alto nivel de misterio mantenido por la seguridad en Arabia Saudita que dificulta a organizaciones de derechos humanos tener un número preciso y detalles de las personas detenidas, dijo Dina Mamoud, investigadora de Amnistía.

Arabia Saudita, está en proceso de estudiar una nueva legislación que fue criticada por Amnistía en julio, luego de que el organismo obtuvo una copia del borrador de la Ley Penal para Crímenes Terroristas y la Financiación del Terrorismo y la publicó en su sitio web.

Si es aprobada, la nueva ley permitiría que sospechosos acusados de poner en peligro la unidad nacional y de dañar la reputación del Estado sean detenidos e incomunicados de forma indefinida como sospechosos de terrorismo, si una corte especial lo aprobara, de acuerdo con el borrador.

La ley además estipularía una sentencia en prisión mínima de 10 años por poner en duda la integridad del rey o del príncipe heredero.

ACPRA dice que las cortes especiales son una violación de derechos.

Estas cortes violan los derechos de los defendidos y prisioneros, documentan confesiones forzadas extraídas bajo tortura y coerción, afirmó el mes pasado la asociación.

Arabia Saudita, el socio más importante de Estados Unidos en la región del Golfo, tiene las segundas reservas probadas más grandes de petróleo en el mundo, después de Venezuela, con 267 mil millones de barriles.