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Protección Civil estatal admite que en 2007 otorgó el visto bueno para que operara

Un detenido por el incendio del Royale era empleado municipal, dice Larrazabal

El alcalde de Monterrey aclara burócratas renuncian porque sólo ganan $2,778 mensuales

Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 22 de septiembre de 2011, p. 14

El alcalde de Monterrey, Nuevo León, Fernando Larrazabal, confirmó que José Alfredo Grimaldo Rodríguez, El Tejón, detenido y arraigado junto con Jonathan Emmanuel Estrada Pérez, El Tita, y Tomás Barbosa Sánchez, El Tomy, por estar implicados en el atentado contra el casino Royale, donde murieron 52 personas el pasado 25 de agosto, era empleado del municipio regiomontano.

Dijo que Rodríguez no tenía antecedentes penales y que el año pasado ingresó al área de mantenimiento de vías públicas, donde existe una rotación de personal de hasta 36 por ciento anual, debido a que perciben un salario de 2 mil 778 mensuales.

En tanto, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz afirmó que a nadie le puede quedar duda del esfuerzo que hacemos el día de hoy de manera conjunta, autoridades federales, estatales y municipales en Nuevo León, tendientes a resolver el problema más sentido de la población, que es el de la seguridad pública.

Por su parte, Jorge Camacho Rincón, director de Protección Civil de Nuevo León, admitió que en septiembre de 2007 otorgó el visto bueno al casino Royale, porque el centro de apuestas reunía los requisitos de seguridad para operar. Agregó que el 17 de junio pasado se efectuó otra revisión, a solicitud del propietario de la casa de apuestas, sobre los requisitos que debía cumplir para su ampliación.

Mientras, el presidente de la comisión investigadora de la tragedia en el Royale, Héctor Gutiérrez de la Garza, señaló que el ex secretario de Desarrollo Urbano Guillermo Rodríguez Páez y la directora de Control Urbano, Patricia Chapa Garza, responsables de entregar la licencia de uso de suelo al casino, habían sido acusados de corrupción e incluso Chapa está inhabilitada para ocupar un cargo público.

Aseguró que ni Protección Civil estatal ni cualquier dependencia involucrada quedará sin castigo en caso de que se compruebe su responsabilidad en la tragedia que ocasionó la muerte de 52 personas.

Por otra parte, personal de la procuraduría estatal realizó otra diligencia en el casino Red, donde se pagaron varias cantidades de dinero a Manuel Jonás Larrazabal Bretón por supuestas prácticas de extorsión.

En Sonora, Protección Civil informó que cerró en forma temporal siete de los 31 casinos que operan en esta entidad, al detectar irregularidades en sus medidas de seguridad contra incendios.