El sistema de seguridad social que existe en México es, desde la perspectiva de derechos, relativamente ineficaz, incompleto, débilmente integrado, segmentado, fuertemente jerarquizado, conservador en el enfoque de género y fiscalmente débil, aseguran la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi) en una investigación sobre el tema.

Consideran que se trata de un sistema dual en tanto que convergen dos tipos de instituciones: las tradicionales que, por ejemplo, incluyen las pensiones contributivas, y otras de creación más reciente y enfocadas a la protección para los pobres, como el seguro voluntario y programas de transferencias monetarias surgidos a partir de 1985 con las tranformaciones del modelo económico.

Si bien aclaran que México ha obtenido ciertos logros en la protección y seguridad social como haber ganado 8.4 años más de esperanza de vida o reducir la mortalidad infantil, por encima de los promedios registrados en América Latina, advierten que en su carácter dual, el sistema mexicano no ha logrado una reducción sustentable de la pobreza, tampoco ha sido eficaz en disminuir la desigualdad a pesar de los avances en diversos indicadores sociales, es incompleto porque no existe una organización para enfrentar los riesgos del desempleo, en tanto que la cobertura médica y los esquemas de pensiones tienen huecos aún importantes.

Aclaran que, como en el resto de América Latina, en México no se construyó un sistema articulado de protección social con un núcleo fuerte, estable y con metas a largo plazo como los creados en Europa para hacer frente a los riesgos de enfermedad, desnutrición, ausencia, insuficiencia de ingresos, vejez, vivienda indigna y falta de educación que padece la población. Así que en México no existe un sistema explícito de protección social como organización pública sino sistemas dispersos en salud, educación y pensiones.

Antes de la década de los 80, explican, se tenía una cobertura limitada con beneficios de salud y seguridad social para los sectores urbanos e industriales, excluyendo a los pobres urbanos con trabajos informales, campesinos e indígenas pobres. Luego, con las transformaciones políticas y económicas del país a partir de los 90 y fuertemente en la primera década de este siglo el dualismo se ha institucionalizado, ya que al lado de las instituciones de seguridad social (seguro de salud obligatorio, pensiones contributivas y establecimientos para el cuidado infantil) se crearon instituciones de protección para los pobres (seguro de salud voluntario, transferencias monetarias condicionadas, pensiones no contributivas y estancias infantiles asistenciales).

El gasto social se ha incrementado en estos nuevos instrumentos, pero paradójicamente sin una reducción notable de la pobreza en el largo plazo, sentencian, mientras que se ha estancado la afiliación en las instituciones de seguridad social, hay un freno en el gasto que se les asigna y prácticamente desaparecieron los subsidios a los productos básicos.