Nuevo Laredo, Tams., 4 de agosto. Tres menores que fueron atropellados durante un accidente provocado por agentes de la Policía Federal (PF) en esta ciudad necesitan atención médica especializada y las autoridades federales se niegan a pagar los gastos.

Leocadio Andrade, padre de Rafael, Brenda Itzel y Eduardo Andrade González de 7, 9 y 12 años, respectivamente, denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos la falta de apoyo de la PF.

El padre señaló que el comandante de la dependencia federal, Eduardo Lara, se negó a pagar los gastos médicos, asegurando que ellos no eran responsables del percance ocurrido el pasado 28 de junio.

Pero según el parte oficial de Tránsito y Vialidad Municipal, el agente Carlos Jiménez Santos es el responsable del accidente, en el que también resultaron lesionados los policías Carlos Jiménez, Anuar Silva y Eduardo Morales.

Los tres niños caminaban por la banqueta y se detuvieron en la esquina de Ignacio Comonfort al ver que se aproximaba una patrulla de la PF, la cual se pasó el alto del semáforo y chocó con una camioneta Ford Expedition, según se asentó en la denuncia.

El choque

Como resultado del siniestro, el vehículo oficial giró y terminó incrustado en la barda de un domicilio particular, mientras la camioneta –proyectada por el primero– arrolló a los tres menores y arrojó a Brenda y Rafael sobre la banqueta. En tanto, Eduardo quedó tirado a mitad de la calle.

Vecinos auxiliaron a los niños; Eduardo estaba inconsciente y con hemorragia en la cabeza y un hombre detuvo el sangrado del menor con su playera.

Rafael salió debajo de la camioneta, mientras Brenda se levantó y se sentó en la acera en lo que llegaban las ambulancias. Los tres ingresaron al Hospital General de Nuevo Laredo, y dos horas después fueron internados en el nosocomio San José.

Los gastos médicos y de hospitalización los cubrió una compañía de seguros; sin embargo, a los siete días del accidente, Eduardo fue dado de alta y desalojado del hospital, porque la cobertura de la aseguradora expiró, según informaron al padre. Cuando Leocadio se comunicó con el jefe de la PF, Eduardo Lara, y le explicó que a sus hijos ya no les querían dar atención médica en el hospital, el oficial le dijo que no podía hacer nada para ayudarlo.

Desde ese día el padre ha llevado con médicos particulares a sus tres hijos asumiendo una deuda que rebasa 20 mil pesos, los cuales no puede solventar pues perdió su empleo de albañil.