Monterrey NL, 12 de agosto. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, dio a conocer que su administración firmó un acuerdo con la Federación para que ninguno de los tres reclusorios del estado reciba más presos procesados por delitos federales. El documento prevé además el traslado de reclusos que se encuentran en cárceles de la zona conurbada de Monterrey a disposición de jueces de distrito o que ya fueron sentenciados por delitos del fuero federal.

Rodrigo Medina señaló que 322 reos federales han sido trasladados de la entidad este año, pero faltan muchos más y es necesario acelerar el proceso. Luego de encabezar un acto en el cual se ofrecieron artículos escolares a bajo costo en la Explanada de los Héroes de esta capital, Medina de la Cruz señaló que no hay fecha para terminar el traslado de reos, pero reconoció la voluntad de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

El vocero estatal, Jorge Domene, dijo que el número de reos trasladados no es significativo, pues aún hay 2 mil 500 en los penales de Cadereyta, Topo Chico y Apodaca, pero las transferencias no podrán acelerarse hasta que la Federación termine de construir ocho centros federales de readaptación social.

El acuerdo entre la Federación y el gobierno de Nuevo León prevé que a partir del 25 de agosto ninguno de los tres penales estatales recibirá reos federales que sean consignados o puestos a disposición de un juez de distrito en Nuevo León, no obstante que en el estado no existen penales federales.

Tras la fuga de 37 reos y la matanza de 44 ocurridas el 19 de febrero en el Centro de Readaptación Social de Apodaca, el estado solicitó a la Federación que los detenidos por delitos de orden federal fuesen recluidos en penales federales. Según fuentes no oficiales, desde hace un mes los fiscales federales consignan a detenidos a juzgados de distrito en otros estados, a fin de que sean recluidos en entidades donde sí hay cárceles dependientes de la Federación.

El convenio para no recibir a más reos federales en penales estatales surgió en la más reciente reunión del Consejo de Seguridad del estado, celebrada el 2 de agosto.