A pesar de sus limitaciones presupuestales y de no tener facultades de investigación, la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima) ha logrado conjuntar en un solo punto la atención legal, médica y sicológica que las víctimas necesitan, lo cual no existía antes, señaló la directora de dicha institución, Sara Irene Herrerías.

A propósito del primer aniversario del organismo, creado por decreto presidencial el 6 de septiembre de 2011, en entrevista con La Jornada, la funcionaria defendió los alcances de la entidad a su cargo, negó que encubra la responsabilidad del Estado en violaciones a los derechos humanos y llamó a reforzar este órgano en el próximo sexenio.

Uno de los principales retos de Províctima, aseveró, fue crear una institución con el personal de otras, como las secretarías de Seguridad Pública (SSP), Gobernación, Marina y Defensa Nacional, además de la Procuraduría General de la República (PGR), aunque al mismo tiempo la ventaja fue que quienes llegaron ahí, ya tenían experiencia en la atención a quienes han sufrido algún acto de violencia.

Otra manera de reforzar la actuación del organismo ha sido firmar convenios de colaboración con varias dependencias de gobierno para resolver los problemas de las víctimas en materia de trabajo, vivienda y salud, generalmente por medio de acciones afirmativas con las cuales se hacen excepciones en las reglas operativas del gobierno.

En un año se han atendido a más de 11 mil personas de forma presencial y a otras 10 mil 500 a través del call center que funciona las 24 horas de los 365 días del año, quienes han sufrido delitos de alto impacto, como secuestros, desapariciones forzadas, homicidios, extorsiones y trata de personas, subrayó.

–¿Cuáles han sido las principales limitantes de su trabajo?

–Algo muy importante, que depende del Congreso, es la aprobación de un fondo para víctimas, porque si existiera podríamos otorgar becas directamente a los niños, dar medicamentos antidepresivos y facilitar un capital semilla para que la gente inicie nuevos proyectos productivos.

En cuanto a no tener facultades de investigación, no considero que sea una limitante, porque es una cuestión de competencia. “Si nosotros investigáramos, seríamos ministerios públicos, pero sólo somos abogados victimales.

Necesitamos mayor presupuesto para fortalecer nuestros centros de atención y ampliarlos a las 32 entidades. Pero en este año de gestión nos sentimos satisfechos, porque hemos firmado muchos convenios de colaboración con las procuradurías locales, y esa es una muestra de que sí les funcionamos.

–Los críticos de la institución señalan que Províctima es una institución hecha al vapor, de forma tardía, tan sólo para aparentar que el gobierno atiende a las personas, ¿qué responde a eso?

–La decisión política de por qué se hizo en ese momento no la conozco, pero considero que sí se venían atendiendo a las víctimas desde todos los centros de atención de PGR y la SSP. No era que el gobierno federal no atendiera a las víctimas, sino que lo hacía desde varias instituciones.

–Se ha dicho también que cuando atienden al familiar de una víctima de desaparición forzada, por ejemplo, les hacen firmar una hoja en donde exculpan al gobierno de lo ocurrido...

–Eso es falso. Cuando vamos a buscar a algún desaparecido, lo único que queremos es tener la garantía de que no le han hablado a su familia para pedir rescate, porque si la imagen se difunde y se trata de un secuestro, pongo en riesgo a la víctima. Eso es lo único que firman ellos, pero jamás en la vida les hemos dicho que exculpen al gobierno.

–¿Las actividades de Províctima no están centralizadas en el DF, mientras en los estados donde más se padece el clima de violencia no hay actividad?

–No, porque en los estados donde está más fuerte la violencia y no hay centros de atención, nuestro personal va allá, aunque hay casos en los cuales la gente tiene más confianza de venir aquí, porque se sienten más seguros.

–¿No podría despertar recelo en las víctimas el hecho de que los atienda personal de la PGR, la SSP o el Ejército, cuando posiblemente fueron agredidos por miembros de esas instituciones?

–Al contrario, es un plus, porque la gente que viene de estas instituciones ya se dedicaba a atender a las víctimas. Sin ese perfil, no hubiéramos localizado ya a 128 personas, ni hubiéramos diseñado un protocolo de búsqueda de personas homologado a nivel nacional. Las instituciones están formadas de personas, y hay gente buena y gente no tan buena, pero eso existe en todas partes. Soy contraria a etiquetar a las personas por el lugar de donde vienen.

–¿Cuál es la ley general de víctimas que debe aprobarse: la del Congreso o la del Ejecutivo?

–Para mí, el proyecto del Ejecutivo funciona de mejor manera, porque incluye observaciones a la del Congreso, que tenía algunas cosas contrarias a la Constitución. Nuestra facultades deben quedarse como están actualmente, y apegarnos a nuestro papel de abogados victimales.

Hay que ver bien la diferencia entre las víctimas de delitos y las de violaciones a los derechos humanos, porque en el primer caso no puede haber una subsidiaridad absoluta del Estado. La decisión la tiene el Congreso, pero lo que sí les pediría es que no vuelvan a dividir la atención a las víctimas, y que refuercen a Províctima en las 32 entidades.