El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que ayer envió por correo certificado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la demanda con la cual pretende que se condene al Estado mexicano a iniciar un proceso judicial que invalide las elecciones presidenciales.

Acudimos a la CIDH para intentar que se nos haga justicia, porque en México nos la han negado. En el país la justicia está podrida y por eso recurrimos a otra instancia fuera, declaró.

En conferencia de prensa, Monreal refirió que se pide con urgencia la aplicación de medidas precautorias para evitar que en México se destruyan las pruebas del presunto fraude, en este caso las boletas electorales.

Aclaró que el recurso lo presentó como ciudadano, porque en los próximos días los partidos que formaron la coalición del Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) interpondrán otra de manera colectiva. Por lo pronto, detalló, se envió a la CIDH una caja de pruebas que acompaña a la demanda.

También anticipó que en la sesión ordinaria de hoy en San Lázaro se insistirá en que se constituya la comisión especial investigadora del caso Monex, que se pretende investigue la supuesta triangulación de recursos a la campaña presidencial del PRI.

Creemos que las tarjetas del grupo financiero Monex son la punta de iceberg de la corrupción y del dispendio, que en la triangulación de recursos participaron personajes de gobiernos estatales, algunos del poder económico y recursos de procedencia ilícita o no clara. Pero eso precisamente lo debe determinar la investigación, resaltó.

Respecto de la demanda ante la CIDH, el legislador informó que se sustenta en el principio de violación del derecho elemental de los mexicanos a elegir libremente sus autoridades, al sufragio de manera libre y auténtica, y que las autoridades electorales rompieron los principios de equidad, certeza, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

Una parte fundamental de esta última definición se refiere a que los magistrados María del Carmen Alanís y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, debieron excusarse de la calificación de la elección presidencial por presunto conflicto de intereses.

Monreal consideró que de ser favorable el fallo de la CIDH, sería una decisión histórica. La condena es muy importante, moral, política, jurídica y socialmente, porque no puede repetirse ni permitirse que a México lo gobierne la imposición, sostuvo.