Será el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el que determine la procedencia de la solicitud de un ciudadano para conocer las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales. Ayer la primera sala resolvió enviar al pleno el amparo en revisión presentado por Guillermo Javier Felipe Ávila Reséndiz contra diversas disposiciones contenidas en el artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de de Responsabilidades Administrativas, que establece que “la publicitación de la información relativa a la situación patrimonial –de los funcionarios públicos– se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate”. Quedó pendiente el proyecto elaborado por José Ramón Cossío, quien proponía amparar al quejoso a efecto de obligar a la Cámara de Diputados a entregar versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de todos los legisladores. No hay plazo para que sea presentado al pleno el proyecto de dictamen correspondiente. Esto, tras la polémica que generó la decisión del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de no hacer pública su declaración patrimonial.