La Coordinadora Binacional de Ex Braceros, recién constituida por una veintena de organizaciones de México y Estados Unidos, demandó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y a la Cámara de Diputados la restitución en el Presupuesto de Egresos de 2013 de una partida por más de mil 523 millones de pesos para el pago a ex trabajadores migrantes, quienes reclaman adeudos históricos desde el periodo 1942-1967.

Luego de varias movilizaciones de los afectados, sus familiares y organizaciones solidarias, dicha partida fue aprobada en 2005 mediante una ley que ordena entregar a cada uno de los ex braceros un apoyo social por 38 mil pesos, lo que se hizo con miles de trabajadores hasta el año pasado, cuando fue eliminada por el gobierno de Peña Nieto, con el aval de la mayoría de los diputados.

La restitución presupuestal que ahora demandan para que se siga pagando el apoyo social de 38 mil pesos puede realizarse mediante una enmienda de ley, dijeron ayer, entre otros, en conferencia de prensa encabezada por Rosa Martha Zárate, de la Alianza de ex Braceros del Norte –la cual tiene presencia en Estados Unidos– y Efraín Arteaga Domínguez, de Braceros en Lucha, de Zacatecas.

El origen del adeudo a estos ex braceros, de los que quedan más de 3 millones 200 mil de un total original de 4 millones 600 mil, según datos oficiales, se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando un convenio binacional determinó que el gobierno de Estados Unidos deduciría 10 por ciento del salario de cada trabajador y lo enviaría al gobierno de México para crear aquí un fondo de ahorro, el cual cobrarían al regresar al país, pero que nunca les fue pagado.

De los 3 millones 233 mil 755 ex braceros supervivientes– la mayoría entre 70 y 100 años de edad–, apenas se han inscrito 299 mil en el Programa de Apoyo Social. Hasta el momento han recibido este apoyo 180 mil 322 trabajadores, y este año iban a ser beneficiados 40 mil que ya cubrieron los requisitos, pero la partida fue eliminada del presupuesto de 2013.

Los integrantes de la coordinadora, que entregaron las solicitudes a la Presidencia de la República y a la Cámara de Diputados el pasado 21 de febrero, también demandaron la emisión de una nueva convocatoria y la aprobación del método de entrevista para que los trabajadores que carecen de documentos puedan acreditar su derecho a ese beneficio.

Además de lo anterior, la creación de un nuevo programa, ya no de apoyo social sino de restitución íntegra de los fondos de ahorro robados a los ex braceros. Informaron que el 10 de abril realizarán la Marcha de los azadones en las capitales de los estados donde haya braceros organizados.

Se estudia la posibilidad, agregaron, de una movilización a Washington, para solicitar al presidente Barack Obama copias de la documentación de las entregas de dinero del gobierno de Estados Unidos al de México durante 1942-1967, ya que autoridades del país han dicho que no existe un archivo de tal programa.