n mis artículos anteriores (16 y 30 de marzo) plantee que el PxM es la autocrítica de un régimen atrapado por los poderes fácticos. El Estado de los poderes fácticos, en rigor un no-Estado, transporta un sistema de partidos quebrado y un poder de estado fragmentado. Se busca por tanto restablecer el poder del estado limitando y restringiendo a los poderes fácticos.

Pero sus puntos débiles son dos. Uno cómo se insertan en este arreglo las fuerzas políticas no partidistas o extraparlamentarias. Este tema toca el centro de un régimen democrático: el vínculo entre ciudadanos y gobiernos. Segundo, el impulso a la deliberación pública frente a la inercia de una cultura política basado en la opacidad y en la imposición.

El PxM es evidentemente un acuerdo entre las elites políticas. Aunque cálculos pragmáticos ligados a la composición misma del Congreso propiciaron este pacto, quizás la razón más profunda es la debilidad del sistema de partidos que emergió de la transición. Desde este punto de vista el PxM es también un arreglo que busca recomponer el propio sistema de partidos.

Sin embargo, los partidos no sólo gozan de desprestigio entre los ciudadanos –en parte consecuencia de su propio accionar, en parte resultado de un campaña anti-política sistemática y deliberada– sino que mantienen vínculos endebles con el segmento organizado de la sociedad.

Es necesario ver también desde el lado de la sociedad los cambios ocurridos en años recientes. Si los setentas y ochentas atestiguaron la emergencia de las fuerzas sociales organizadas en coordinadoras tanto en el campo como en la ciudad, en el ámbito sindical, de las colonias populares y del sistema ejidal; los últimos 15 años han visto proliferar en cambio, una gran variedad de grupos ciudadanos organizados a partir de causas específicas y agendas transversales.

La propia dinámica de los grupos ciudadanos, centrada de manera notable en el amplio espectro de los derechos humanos, ha tenido tres consecuencias: un profunda labor pedagógica en torno a lo que implica ser ciudadanos y ciudadanas; una constante y tensa relación con los poderes públicos pero con resultados tangibles en luchas concretas; y una forma de activismo ciudadano que combina movilizaciones, expresiones urbanas de protesta, negociaciones y propuestas programáticas. El uso del Internet ha sido su forma privilegiada de expresión.

Al mismo tiempo languidecen las organizaciones gremiales ante el impacto de las crisis económicas, del cambio de terreno de las luchas políticas al ámbito electoral y de la propia crisis de los liderazgos que emergieron en los setentas. Su efecto combinado ha sido el debilitamiento de la coordinación nacional y el tránsito de las luchas gremiales a los ámbitos locales.

Las dinámicas de las vertientes gremial y ciudadana reflejan una sociedad organizada en un conjunto de archipiélagos con ritmos de luchas, a veces convergentes, pero en general descompasados.

Lo anterior subraya la enorme dificultad que existe para establecer canales permanentes y orgánicos entre las elites políticas y los grupos organizados de la sociedad.

Del lado del PxM el reto es articularse desde el ámbito legislativo para negociar mejor con la sociedad organizada. Del lado de la sociedad el reto mayor reside en convertirse en interlocutores del Estado, sin perder su autonomía. Los interlocutores pueden ser socios políticos o aliados; o contrincantes y adversarios. Pero asumen la negociación con el poder de Estado como un derecho que desde luego genera obligaciones.

Ahora que ha muerto Margaret Thatcher en medio de una nueva ola de movilizaciones en el mundo valdría la pena reafirmar en contra de su célebre dictum: La sociedad sí existe.

Su fragmentación, pero también su vitalidad y ubicuidad, necesita espacios vinculantes de deliberación pública.

A la memoria de El Cabezón

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