El subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes, advirtió que casos como los del ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada Noé Ramírez Mandujano y del general Tomás Ángeles Dauahare, que recibieron condenas absolutorias, son un golpe al Ministerio Público (MP), por lo cual se están revisando mecanismos como el de arraigo y el de testigos protegidos.

Entrevistado en la Cámara de Senadores al término de la firma del acuerdo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, García Cervantes aseveró que se están atendiendo todos los puntos de la sentencia; se investiga a los agentes del MP, a los jueces y a los policías, a todos los que participaron en los casos y no hicieron bien su trabajo.

Al preguntarle sobre la necesidad de revisar las figuras de arraigo y testigo protegido después que la PGR perdió, entre otros, los casos de Ramírez Mandujano y Ángeles Dauahare, el subprocurador respondió:

Absolutamente sí. Ahora que está en revisión el empleo de mecanismos como el arraigo o los testigos protegidos desde una visión integral, con miras a perfeccionar la procuración de justicia, todo debe estar a revisión.

–El caso del general Ángeles Dauahare no es el único que ha perdido la PGR.

–No es el primero ni el único caso, pero de todos podemos extraer experiencias.

García Cervantes agregó que la procuración de justicia implica llevar ante los jueces a quienes tienen una presunta responsabilidad y cuidar que el proceso se lleve hasta que se dicte una sentencia, y cuando ésta es absolutoria, pues es un mentís, un golpe al Ministerio Público o a la fiscalía que ha hecho una consignación; de tal manera que los tiempos también están a revisión.