Un juzgado federal negó una suspensión en vía de amparo a Miguel Alessio Robles, quien fue consejero jurídico del ex mandatario Felipe Calderón, pero aceptó a trámite el juicio de garantías que el también notario tramitó en contra de diversos alcances de la nueva Ley para Prevenir Operaciones de Procedencia Ilícita, expedida el 16 de agosto por el presidente Enrique Peña Nieto.

El juzgado en materia administrativa del primer distrito que admitió la demanda consideró que existen elementos para estudiar los argumentos de supuestas violaciones a la Constitución y a tratados internacionales a los que se refirió Alessio Robles en su petición de amparo, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

Por ejemplo, el quejoso alega que en la norma, conocida como antilavado de dinero, se logró que se hiciera constar lo que se paga ante notario, y que las partes declararan cómo se cubrió lo demás, y si éstas se niegan a hacerlo la operación se cancela.

La disposición afecta a los clientes, ya que por el anticipo se tendrían que pagar impuestos con actualizaciones y recargos, indica la demanda de amparo.

El reglamento de esa ley también obliga a los notarios a cerciorarse quién es el beneficiario controlador de una venta, que se había eliminado porque resulta imposible cumplir cuando el que vende es una empresa que cotiza en bolsa, entre otros casos.

De acuerdo con fuentes del PJF, además de Miguel Alessio Robles, titular de la Notaría 19, los también notarios Gonzalo Ortiz Blanco, hijo del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Ortiz Mayagoitia; Roberto Courtade; Carlos Morales Montes de Oca; Juan José Pastrana, ex presidente de la Asociación del Notariado Mexicano, e Ignacio Morales Lechuga han interpuesto demandas de amparo.

Uno de los artículos más impugnados en esta serie de demandas es el 17 de la ley antilavado, pues obliga a los notarios a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza el penalista Alberto Bazbaz Sacal, ex titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, posibles actividades financieras identificadas como vulnerables.

Entre otras cosas, dicha norma estipula que los notarios, fedatarios y corredores públicos deben dar aviso de compraventa de inmuebles cuyo valor exceda un millón 40 mil pesos, y que las agencias automotrices deben reportar cada que vendan vehículos de más de 417 mil pesos.