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Las modificaciones propuestas no dan autonomía a organismos reguladores

Con la reforma energética, instituciones débiles enfrentarían a empresas gigantes
Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Viernes 6 de diciembre de 2013, p. 11

El proyecto de reforma energética del Ejecutivo y el Partido Acción Nacional (PAN) no plantea dar autonomía constitucional a los órganos reguladores y de vigilancia del régimen que sería creado, de mercados abiertos, en el cual aparecerá el sector privado –nacional y extranjero– por la eliminación del monopolio del Estado en esa materia.

En los borradores de las modificaciones a la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se propone mantener a ésta como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía (Sener), con lo que seguirá en la esfera del Ejecutivo federal.

De acuerdo con dichos documentos –de los que La Jornada tiene copia–, la CNH contará con autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión en los términos de esta ley y su reglamento.

Si los órganos reguladores tuvieran una autonomía constitucional similar a la del Banco de México, serían independientes del Ejecutivo federal, ya que la Carta Magna fijaría con claridad cuál es su mandato y nadie influiría en sus decisiones.

Las propuestas de ley para la CNH sólo le confieren la potestad de apoyar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Sener en todo lo relacionado con los contratos de Exploración y Producción y aprobaría, en su caso, las perforaciones (pozos).

Los cambios

Las modificaciones propuestas al artículo 2 de las disposiciones generales facultan a la CNH a regular y supervisar a Petróleos Mexicanos (Pemex), a organismos y empresas del Estado, así como a los permisionarios y contratistas a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo, en actividades de reconocimiento y exploración superficial, como exploración y extracción de hidrocarburos.

Se excluyen los estados intermedios de los hidrocarburos, el aceite mineral crudo y los derivados de éste.

Se exceptúan de su mandato de supervisión –entre otros aspectos– el almacenamiento, el transporte, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación.

De aprobarse la reforma energética en los términos propuestos por el Ejecutivo y el PAN, la CNH, actualmente con exiguo presupuesto y reducido personal, regulará a gigantes petroleros como ExxonMobil, Shell, British Petroleum y Chevron.

Cabe recordar que la comisión ha tenido serias dificultades para operar y fuertes diferendos con Sener y Pemex.

En el caso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ésta aumenta su ámbito de acción, al regular todas las redes de suministro (monopolios naturales): petróleo, gas natural, derivados y electricidad, y propondría las tarifas de la luz a la SHCP.

Según el proyecto de modificaciones legales, la CRE tendrá por objeto promover el desarrollo eficiente de actividades como las ventas de primera mano en territorio nacional, así como la importación de petróleo, gas natural, gas metano, gas licuado de petróleo y petrolíferos.

También, el transporte, el almacenamiento, la distribución y, en su caso, el expendio al público de petróleo, gas natural, gas metano, gas licuado de petróleo y petrolíferos.

Además, deberá promover, entre otras actividades, la compresión, la licuefacción, la descompresión y la regasificación de gas metano, así como el transporte, el almacenamiento y la distribución y el expendio al público de bioenergéticos.

Es importante destacar que la creación de mercados abiertos y la entrada de actores poderosos resultan en serios peligros para el sistema regulatorio, porque las empresas que deben controlar son frecuentemente muy poderosas.

Transnacionales como Shell, BP, ExxonMobil, Chevron –con cifras de negocios superiores al producto interno bruto (PIB) de muchos países y pleno respaldo de sus embajadas– concentran una enorme capacidad de cabildeo para que la regulación les favorezca o pasarla por alto, además de que poseen una gran capacidad para capturar o corromper a las autoridades encargadas de supervisarlas.

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