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Ver día anteriorLunes 20 de enero de 2014Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Cazadores presumidos
N

o solamente las redes sociales han vapuleado a la cantante Lucero por las fotos en las que presume muy sonriente haber matado una cabra montés. La acompaña su novio, Michel Kuri, cazador de altos vuelos. Hasta de elefantes, como el rey de España, quien también mata osos a los que previamente emborrachan con vodka para facilitarle su tarea. Lucero, el rostro del Teletón, la altruista, la imagen de Televisa durante la estancia de Juan Pablo II (el protector del pederasta Marcial Maciel) en México en 2002, tuvo que renunciar como jurado del Festival Internacional de la Canción a celebrarse en Viña del Mar, Chile, el próximo mes. Es el más importante encuentro musical de América Latina.

Las redes también divulgan las fotos que hace un mes subió Gilberto Ochoa a su página de Facebook. A los pies de este yace muerto el puma que mató utilizando un arma de alto poder, de las de uso exclusivo del Ejército y los narcos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente denunció penalmente a Ochoa, quien trabaja de policía en el poblado de Peñón Blanco, Durango, pues el puma es una especie en peligro de desaparecer. El animal tenía pocos meses de nacido.

Mientras a los cazadores presumidos les llueven críticas por doquier, los medios internacionales informan sobre la inseguridad que prevalece en Michoacán, agregando otro ingrediente relacionado con la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente en general: la explotación minera fuera de control oficial apoyada por grupos delictivos. En dicha entidad funciona la mayor empresa siderúrgica del mundo, Arcelor Mittal, con una plantilla de más de 300 mil empleados en más de 60 países y ventas de más de 80 mil millones de dólares cada año. Es la única productora global de acero, fundada en 2006 mediante la fusión de Mittal Steel y Arcelor. Tiene su sede en Luxemburgo. En el puerto de Lázaro Cárdenas opera un enorme complejo industrial que emplea 6 mil trabajadores. Es, además, el mayor consumidor de gas y electricidad del país.

Pero al lado de las áreas explotadas por este gigante mundial proliferan las minas que funcionan ilegalmente. Según algunos líderes empresariales del puerto, entrevistados por los reporteros Santiago Pérez y José de Córdoba, de The Wall Street Journal, de esas minas se obtienen varios minerales que luego son enviados a China con el cobijo y protección de Los caballeros templarios, el grupo criminal que se ha apoderado de buena parte de Michoacán. A cambio de enviarle ilegalmente minerales (especialmente hierro) por unos 40 millones de dólares, reciben del gigante asiático los químicos utilizados para elaborar metanfetaminas, negocio controlado por varios cárteles mexicanos que extienden su influencia hasta el mayor mercado: Estados Unidos. Los reporteros también informan que en 2010 las autoridades detuvieron a más de 40 personas señaladas de manejar una red minera ilegal en zonas donde Arcelor Mittal tiene derechos exclusivos de extracción.

Si ya de por sí la minería que realiza en México actividades de manera legal causa severos daños al medio ambiente y a la salud de sus trabajadores y de las poblaciones cercanas a las áreas de explotación, es de imaginar lo que sucede con la que funciona fuera de toda reglamentación. Y del peligro que corren quienes se atreven a exigir su clausura. Como ocurre en otras partes del país donde las bandas criminales tienen control. Es el caso de Guerrero y Michoacán con sus áreas boscosas. Varios defensores de la riqueza forestal han sido asesinados por denunciar y oponerse a la tala para sembrar cultivos ilícitos. Los autores de dichas muertes nunca han sido detenidos. De los peligros advierten las propias autoridades ambientales que en diversas ocasiones han señalado a las bandas criminales como las que imponen su ley en áreas de gran importancia por su biodiversidad.

Ahora que el Estado va al rescate de Michoacán hasta con la cultura y el arte, resulta necesario que también evite la minería ilegal y haga cumplir la legislación ambiental y de la salud a la que presume efectuar limpiamente sus actividades extractivas, pero que en la realidad hace todo lo contrario.