La ex presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), Rosaura Ruiz Gutiérrez, consideró conveniente que antes que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aporte (mediante recursos públicos) el 100 por ciento del monto del estímulo de los miembros de instituciones particulares que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se evalúen los aportes que estas casas de estudio han hecho a la investigación científica y tecnológica nacional.

“Antes de que se les otorguen esos montos, se debería analizar –a partir de 2008, cuando se modificaron las normas para aportar 30 por ciento del estímulo con recursos públicos– cuánto han mejorado o avanzado y cuántos recursos han aportado a la investigación”.

Al dar su opinión sobre el convenio firmado entre Conacyt y 30 instituciones particulares de educación superior para que se financie 100 por ciento de los estímulos de los académicos de esas casas de estudios que son miembros del SNI, Ruiz Gutiérrez, directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que se tienen que revisar todos los apoyos que con recursos públicos se dan a instituciones privadas y hacer una evaluación de cuáles han sido sus resultados.

En principio no hay que decir que no, pero para el sector académico es muy importante que la ciencia avance en todos los sectores. Tradicionalmente se ha pensando que lo fundamental es apoyar a las instituciones públicas, que son las que han tenido una responsabilidad social permanente con México para coadyuvar a resolver los problemas del país, y no sólo buscan ganar dinero con sus trabajos.

La investigadora recordó que beneficiar al sector privado con recursos públicos dirigidos a ciencia y tecnología no ha dado resultados. Ejemplo de ello es el programa de estímulos fiscales, hoy directos, a empresas que promovieran el desarrollo científico, donde hubo compañías que importaron equipo, cuando el objetivo era desarrollar innovaciones, además que este programa no se ha transparentado.

Sergio Martínez Romo, especialista en cuestiones educativas del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, indicó que esta medida debe beneficiar al colectivo social y evitar que sean parte de un apoyo oficial a las casas de estudio particulares. Como se trata de recursos públicos, éstos deberán ser retribuidos y generar beneficios para la sociedad, para que no se caiga en un financiamiento gubernamental de las universidades privadas.

Agregó que la gran mayoría de los miembros del SNI se concentran en instituciones públicas. La mayor parte de las instituciones particulares realizan más labores de docencia que de investigación. Son pocas (las privadas) que hacen o intentan hacer investigación, dijo.