Ejido Cuauhtémoc Cárdenas, Chis., 1º de febrero.

Este ejido, de mayoría chol y miembro del Comité de Defensa de la Libertad Indígena (CDLI) y de Xi’Nich, recibe fuertes embates para despojarlo de su territorio bajo la receta, común en esta región del norte de la selva Lacandona, que combina un autoritario impulso a la regularización agraria privatizadora, con presuntas disputas religiosas, para dividir deliberadamente a la población. Próximo a la zona arqueológica de Palenque, rodean al ejido cada día más desarrollos turísticos y fallidos proyectos residenciales. Cuauhtémoc Cárdenas se proclama ejido autónomo y resiste desde hace 28 años los intentos gubernamentales por desarticularlo.

Estos han recrudecido. En diciembre y enero pasados algunos ejidatarios sufrieron agresiones verbales y golpes en la ciudad de Palenque por intervenir en la resistencia. También se les demonizó en la prensa y la radio locales como intolerantes religiosos porque defienden su ejido contra una pequeña minoría que, con apoyos oficiales y de pastores presbiterianos, persiste en violar los acuerdos que definen a la comunidad desde su origen, mientras invaden predios con gente ajena al ejido.

El problema, que se agravó en 2011, tiene que ver con dos interpretaciones de qué es intolerancia. El 12 de enero acudieron aquí, a conciliar, funcionarios que insistían en dar a la disputa agraria un perfil religioso que los ejidatarios insisten en considerar desproporcionado. Pero la Procuraduría Agraria (PA) delató la clave para destrabar el problema: Que le entremos al Fanar (Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Registro) y todo se arregla.

Habla Leonarda Damas Cruz, comisariada ejidal y vocera de la resistencia de los indígenas. Los primeros llegamos en 1986, y la comunidad quedó establecida en 1990, no 1995 como andan diciendo, apunta la representante. En comunidades que no son zapatistas (aunque como ésta reivindiquen los acuerdos de San Andrés), es inusual todavía que la autoridad agraria sea mujer.

Hace 20 años se firmó un acuerdo para establecer la comunidad, y entre los acuerdos básicos estaba que sólo habría religión católica. Cuestionada sobre si eso no es intolerancia, Leonarda explica: Entonces la minoría actualmente en conflicto declaró no tener religión, no se opuso y firmó el acuerdo, sabiendo que no era cierto. Con el tiempo violaron ese y otros acuerdos, comenzaron a permitir el paso de gente que no es del ejido para talar nuestro bosque de reserva. Cuando nos opusimos a la invasión amenazaron con sacarnos a todos con ayuda del gobierno y traer a vivir aquí a su gente.

Leonarda destaca que esos son delitos sin más, y sin nada que ver con las creencias, aunque resulta que un pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana, Diego Arcos Vázquez, está detrás de los intrusos (a quienes se presentó como predicadores), y lejos de respetar la autonomía del ejido, en asociación con la PA y la subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno estatal, impulsa una nueva titulación de las tierras bajo el régimen del Fanar (antes Procede), al cual se oponen los ejidatarios.

En 2011, ante las intimidaciones, la invasión y el saqueo de sus recursos, la asamblea ejidal desconoció como ejidatarios a los cuatro infractores, pero no los expulsó de la comunidad. No obstante, éstos se proclaman desplazados por motivos religiosos.

Dice Leonarda Damas: Tuvimos mucha tolerancia por años, pero insistieron en violar nuestros acuerdos. Incluso invitaron a los intrusos para sembrar milpa, con el respaldo del subsecretario de Gobierno de entonces. Abunda: Pusieron un aserradero ilegal, y el 28 de junio de 2012 intentaron asesinar al secretario del ejido. Metimos denuncia pero no procedió. No hicieron caso las procuradurías de Protección Ambiental (Profepa), Justicia (PGJE) ni Agraria. Nos han engañado siempre, sostiene la comisariada.