14 de marzo de 2002; 18:15 horas; colonia Doctores, ciudad de México. A bordo de tres vehículos, 13 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo de Genaro García Luna, llegaron a la accesoria de Doctor Neva número 14. Por la fuerza se llevaron a un joven de 24 años de nombre Jesús Ángel Rodríguez Olvera. Doce años después su madre Leonor Guadalupe Olvera López sabe que fue asesinado por los federales, pero no cede. Ahora busca sus restos.

La desaparición forzada fue reconocida en el ámbito internacional con el informe de admisibilidad 147/10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caso 12,791 de Jesús Ángel Rodríguez Olvera fue llevado por la Comisión del Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Durante la audiencia de la CIDH celebrada en octubre del 2011, la representación del gobierno mexicano aceptó su responsabilidad en la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada e incluso señaló que no tenían nada que rebatir sobre las violaciones del referido informe de admisibilidad.

Se suscribió un acuerdo de solución amistosa entre el estado, peticionarios y las víctimas. Cumplieron varios puntos, como la disculpa pública que ofreció la ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, pero la exigencia principal no, aún no se encuentran los restos de Jesús Ángel.

Ante la desaparición de su hijo, la mujer de 54 años ha dado una dura batalla. Pese a que fue amenazada y se le privó de la libertad mantiene su decisión de ubicar el cuerpo y afirmó que no desistirá, porque no saber donde está es una pinche agonía, que la mata a una en vida.

Señaló que si le entregan a Jesús Ángel ya no pedirá que encierren a nadie, yo ya sólo peleo sus huesos.

Desde hace 12 años ha contado varias veces la historia. Fue Leonor la principal promotora del caso. Al hablar le tiembla la voz y llora por la desaparición. Aún así es capaz de narrar los pormenores de la entrevista que sostuvo con los integrantes de la banda de secuestradores a la que las autoridades intentaron vincular a su hijo para justificar la aprehensión y asesinato .

El 7 de octubre 2010 la detuvieron acusada de delitos contra la salud. Fue ingresada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, de donde, 12 meses después, salió absuelta.

A principios de este año le quitaron la custodia federal que se le había asignado ante el riesgo que corría después de ventilar los abusos del cuerpo de élite de la PGR.

Acudió a la CDHDF, pero el nuevo equipo directivo no sabía del caso. Fue atendida por el secretario de vinculación estratégica, David Peña, por lo cual pidió hablar con la presidenta. La entrevista sucedió 15 días después, pero no sabe más.

Leonor espera que la CDHDF la siga acompañando porque fue a través de dicho organismo público como avanzó su caso.