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Realiza operativos en zonas donde pobladores son hostigados

Acusan al gobierno de Guerrero de querer debilitar la policía comunitaria
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 24 de marzo de 2014, p. 16

Chilpancingo, Gro., 23 de marzo.

Organizaciones de derechos humanos de Guerrero afirmaron que el conflicto interno de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) ocurre por la presión de los gobiernos federal y estatal para debilitar la autonomía y credibilidad de una entidad con respaldo social, legítimo y legal.

Asociaciones como el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón aseguraron que dicho conflicto se da en el contexto de la incursión policiaco-militar en diversas regiones donde se denunció el hostigamiento contra pobladores y líderes sociales.

En el municipio de Tixtla hubo detenciones de integrantes de la CRAC; en la sierra de Coyuca de Catalán hostigaron a los desplazados de La Laguna que se refugiaron en Puerto de Las Ollas y en la normal de Ayotzinapa se presentaron fuerzas federales durante la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa.

Dijeron que la CRAC-PC está estrechamente vinculada con la defensa del territorio de la Montaña y la Costa Chica en contra de las mineras, y es el único baluarte de los pueblos con la suficiente estructura para oponerse a la explotación de yacimientos y a las industrias extractivas.

Era de esperarse que el Estado buscara debilitarla desde diferentes ámbitos: la creación de autodefensas, la criminalización de los representantes comunitarios, la aparente asimilación a las instituciones de seguridad del estado y la facilitación de medios e infraestructura, entre otros.

Agregaron: ¿Pretende la facción de Eliseo Villar polarizar más la situación, al grado de que haya muertos y provocar una acción militar y policiaca del Estado mexicano? Si algo ha defendido la CRAC-PC es su autonomía; la caracteriza su capacidad de aprender de otros procesos y experiencias, así como escuchar críticas constructivas.

Por esa situación exigieron a los gobiernos federal y estatal que se abstengan de interferir y provocar la profundización de la división en esa organización que tiene respaldo social, legítimo y legal, y que respete su autonomía.

En tanto, la asamblea de la CRAC-PC acordó la noche del sábado inhabilitar al coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, acusado de entregar dinero a gente de la CRAC para supuestamente comprar armas y uniformes.