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Agentes del MP incumplen con su obligación de indagar, dice

Impunidad en 89% de los agravios a periodistas, asegura la CNDH
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Integrantes de diversos medios de comunicación durante una protesta contra la violencia de la que son víctimas quienes ejercen el periodismo, realizada el 23 de febrero pasado en el Ángel de la IndependenciaFoto Jesús Villaseca
 
Periódico La Jornada
Lunes 21 de abril de 2014, p. 10

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que existe un índice de impunidad de 89 por ciento en casos de agravio a periodistas, ello, precisó, debido a que las autoridades ministeriales incumplen con su obligación de investigar

Refirió que mediante su Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos ha recibido, del primero de enero de 2010 al 28 de febrero de 2014, un total de 347 expedientes de queja relacionados con violaciones a las agarantías individuales de comunicadores.

Sin embargo, apuntó, de 2000 a la fecha ha tenido conocimiento de 88 asesinatos de periodistas o trabajadores del ramo, presumiblemente por razón de su trabajo; también, de 2005 a la fecha ha documentado la desaparición de 20 profesionales de la información, así como 41 atentados a instalaciones de los medios de comunicación de 2006 a la fecha, hechos que se han registrado en 24 estados.

Recordó la CNDH que, a través de su recomendación general número 20, solicitó al secretario de Gobernación, a gobernadores, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al comisionado nacional de seguridad, a secretarios de seguridad pública de los estados, al procurador general de la República y los procuradores de Justicia de las entidades federativas, entre otras cosas:

Garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes, con el propósito de que el desempeño de los comunicadores no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna; implantar las políticas públicas tendentes a garantizar su seguridad, especialmente para quienes cubren situaciones de riesgo; promover adiciones y reformas necesarias a las leyes, y capacitar en materia de derechos humanos y libertad de expresión a los servidores públicos.