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Reducir la desigualdad extrema: una propuesta precisa
E

l tema de la desigualdad estuvo en el centro del movimiento de los Indignados españoles en 2011 y en el Occupy Wall Street de 2012. Recordemos el grito de somos el 99 por ciento y se gobierna para el uno por ciento, inspirado en un conocido artículo de Stiglitz publicado en la revista Vanity Fair. Este autor dirige desde hace casi dos años un espacio en el New York Times titulado La Gran División, que se presenta como una serie sobre la desigualdad en Estados Unidos y en el mundo entero y sus implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales.

La publicación del libro de Pikketty, El Capital en el siglo XXI, dotó de información robusta a quienes les preocupa la desigualdad, agregando series sobre la participación en el ingreso y la riqueza del uno por ciento más rico y de 0.1 por ciento super rico. El interés se ha centrado, además, en las recomendaciones de política, es decir, en lo que los gobiernos tienen que hacer para controlar el crecimiento de una desigualdad cada vez más oprobiosa. Por fortuna se han ofrecido avances importantes para llevar esta discusión al terreno de las propuestas específicas, convertidas en metas que sea posible seguir oportunamente.

Hace justamente dos meses un interesante texto de Stigliz y Doyle, Eliminando la desigualdad extrema: una meta para el desarrollo sostenible 2015-2030, propuso que a los conocidos ocho Objetivos de Desarrollo para el Milenio formulados en 2001 se agregara el Objetivo Nueve: eliminar la desigualdad extrema en todos los países para 2030. Este nuevo objetivo parte del reconocimiento de que la desigualdad se ha exacerbado en los últimos 30 años, lo que ha provocado una proclividad social mayor hacia la violencia, que tiende a concentrarse étnica y geográficamente.

La propuesta se formula con dos metas específicas: primera, para 2030 reducir las desigualdades extremas en todos los países, de modo tal que el ingreso después de impuestos de 10 por ciento más rico no sea mayor que el ingreso después de transferencias del 40 por ciento más pobre. Segunda, para 2020 formar en cada país una comisión pública que investigue y reporte los efectos de las desigualdades nacionales. Stiglitz y Doyle plantean que el mejor indicador para medir la primera meta es la Tasa Palma que recoge puntualmente los extremos de la desigualdad.

Esta tasa es el cociente entre el ingreso apropiado por el 10 por ciento más rico, dividido entre el ingreso de 40 por ciento más pobre. Este cociente, que podría describirse como la comparación entre el ingreso de aquellos en el extremo superior de la distribución en relación con el ingreso de quienes están efectivamente en el fondo de esa distribución, remite a la desigualdad que más afecta la posibilidad de un desarrollo sostenible y equitativo y, en consecuencia, mina la estabilidad política y social.

En la información de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, la ENIGH para 2012, que en México produce y publica el Inegi, el cálculo de la Tasa Palma pudiera ser el ingreso corriente total promedio trimestral por hogar del Decil X, el 10 por ciento de mayores ingresos, dividido por ese mismo ingreso corriente total promedio trimestral por hogar del Decil I al IV, el 40 por ciento más pobre. Esta Tasa Palma en 2008, antes de que la crisis global impactara la economía mexicana, fue de 2.71, es decir, el 10 por ciento más rico se apropió 2.71 veces del ingreso del 40 por ciento más pobre.

Dos años después, habiéndose registrado una drástica reducción del PIB en 2009, la Tasa Palma se redujo a 2.38, lo que se explica porque el ingreso del 10 por ciento más rico cayó 18 por ciento, en tanto que el del 40 por ciento más pobre se redujo 7 por ciento. En 2012 la Tasa Palma crece a 2.46, dando cuenta de que los ricos recuperan sus condiciones rápidamente. Este indicador es el que habría que reducir hasta hacerlo igual a uno.

Lograrlo implica que los ingresos del 40 por ciento más pobre de la población se incrementen más que los del 10 por ciento más rico. Este resultado sólo puede alcanzarse con una combinación de acciones del Estado: incrementar los impuestos a los verdaderamente ricos, el uno por ciento de mayor ingreso, aumentar las transferencias a los más pobres y mejorar significativamente sus remuneraciones. Es posible. Proponerlo y llevarlo a la práctica es responsabilidad de quienes conducen al Estado.