Opinión
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Todos necesitamos la neutralidad de la red
Jacobo Nájera*
N

uestros senadores están próximos a dictaminar y legislar el futuro de nuestro Internet, por medio de la propuesta de ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión presentada por Enrique Peña Nieto al Senado el 24 de marzo de este año, en donde se violan libertades y derechos humanos, violaciones que siguen estando presentes en el dictamen que presentó el senador Javier Lozano.

Los tres puntos de esta propuesta que afectan las libertades en Internet y que abiertamente constituyen violaciones a nuestros derechos son: vulneración de la neutralidad de la red y falta de garantías para preservarla, obligación estatal para que los proveedores de servicio realicen retención de los datos de los usuarios y facultad gubernamental para el bloqueo de contenidos.

En el artículo 146 se plantea que los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas diferenciadas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de velocidad o calidad, así como en uno de los puntos del ar­tículo 145 se establece que podrán bloquear el acceso a contenidos y en el apartado de colaboración de la justicia se establece la facultad para la retención de datos gubernamental, por lo que se trata de un intento por convertir Internet en un instrumento de control y destruirlo como espacio social participativo y colectivo.

En definición, la neutralidad de la red implica el principio bajo el cual la totalidad del tráfico en Internet es tratado de forma equitativa, sin discriminación, limitación ni interferencia, independientemente del remitente, el destinatario, el tipo, el contenido, el dispositivo, el servicio o la aplicación.

Es por ello que la autonomía en Internet solamente es posible con la neutralidad de la red, que es la capacidad de la participación universal, por lo que si dejamos que los operadores puedan decidir cómo participamos y nos conectamos, perdemos esta capacidad de autonomía.

Esto cancela la posibilidad de una participación universal y sin discriminación fuera de un interés comercial, ya que en el artículo 146 de la propuesta de ley se establece que los proveedores de acceso podrán establecer velocidades diferenciadas de acuerdo con contenidos y discriminarlos por un interés comercial y de mercado. Lo que pone en riesgo a las personas que acceden a Internet y también a quienes no han tenido acceso a la red, ya que se propone establecer un esquema en el que se podrá acceder a la información de acuerdo con el poder adquisitivo.

En consecuencia, si los gobiernos o los operadores tienen la capacidad de decidir qué hacemos o qué pasa en Internet, no es posible la independencia de los medios o su democratización, porque al vulnerar la neutralidad los operadores aplicarían discriminación y el gobierno podría bloquear contenidos y también obligar a que los proveedores de acceso a Internet realicen retención de datos de navegación, y así evitar las condiciones para la participación democrática en Internet, ya que sabemos que una sociedad vigilada masivamente cambia su comportamiento, y es usada contra los activistas, además de que es una violación de la privacidad y los derechos humanos.

Los senadores tienen en sus manos legislar a favor de un Internet libre, donde se garantice la neutralidad de la red, el respeto a la privacidad de los usuarios y la libertad de expresión en línea. Para que los ciudadanos que están ya conectados a la red y los que todavía no tienen acceso hagan ejercicio del derecho a Internet y también acceso libre a las telecomunicaciones, que se encuentra en la Constitución mexicana en el artículo sexto; o por el contrario, que los senadores decidan destruir Internet para hacer de él un instrumento de control al profundizar el modelo de mayores facultades de control del gobierno y privilegios para las empresas.

Mientras tanto, los ciudadanos se encuentran luchando por las libertades para defender Internet como ya lo han hecho, por ejemplo al lograr incorporar en el artículo sexto constitucional el derecho a Internet, a través de la iniciativa Libre Internet para Todos, que cuenta con el apoyo de 127 mil personas.

* Investigador y desarrollador de redes libres