Un juez federal amparó a alrededor de 10 mil víctimas que entre 1999 y 2011 recibieron créditos de diversas sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) para adquirir en el estado de México viviendas sobrevaluadas hasta en 50 por ciento de su valor.

Roberto Dionisio Pérez Martínez, titular del juzgado quinto de distrito en el estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, otorgó el pasado viernes amparo a los quejosos, para que una vez quede firme la sentencia, la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM) reabra la investigación contra directivos de varias Sofoles acusados de descontar a solicitantes de crédito para vivienda un porcentaje por concepto de seguros, sin que éstos fueran contratados por las vivienderas.

En febrero pasado, la PGJEM confirmó una resolución de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FDT/T/TI/00629/2010, lo que significó un gran respiro para directivos de Sofoles como Hipotecaria Nacional Bancomer, Patrimonio, ING Hipotecaria, Hipotecaria Nacional, Ge Money (Santander) y el propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Sin embargo, los beneficiarios de los créditos, representados por el Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna AC (FMDVD), se inconformaron con la determinación del Ministerio Público y presentaron una demanda de amparo, radicada en el expediente 984/2013-VII.

Los denunciantes aportaron como prueba diversas resoluciones de jueces en el sentido de que las entidades financieras aplicaron durante varios años cobros, sin haberlos contratado, por seguros de vida relacionados con invalidez permanente y daños al inmueble como incendio, derrumbe e inundación.

El juez Pérez concluyó que el fiscal que investigó las imputaciones contra las Sofoles, Gerardo Ángeles Enríquez (subprocurador de la PGJEM), incumplió con el mandato constitucional, ya que si bien especificó cuáles son los elementos objetivos, subjetivos y normativos que requiere el tipo penal para demostrar el cuerpo del delito de fraude, no precisó qué valor tienen las pruebas que se ofrecieron en la averiguación.

Añadió que el fiscal no tomó en cuenta de forma genérica ni individual las pruebas aportadas por el FMDVD y de manera dogmática concluyó que con la valoración de todos y cada uno de los medios de prueba con los cuales se integró la indagatoria, se concluyó el confirmar el no ejercicio de la acción penal.

José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del FMDVD, dijo en entrevista para La Jornada que el no ejercicio de la acción penal contra constructoras como Urbi, Ara, Promotoras de Viviendas Integrales y varias Sofoles-Sofomes es un acto de impunidad que desnuda y exhibe a la administración del gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas y a su ex procurador Miguel Ángel Contreras Nieto.