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La Casa Blanca sigue empantanada en la discusión sobre esa crisis humanitaria

Crece en EU pugna por niños migrantes
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Un niño se divierte con sus juguetes en un centro de Caridades Católicas en la ciudad de McAllen, Texas, el pasado día 13. Según estadísticas, más de 52 mil menores migrantes han sido detenidos por cruzar sin documentos a terriorio estadunidenseFoto Xinhua
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 19 de julio de 2014, p. 23

Nueva York, 19 de julio.

El influyente cómico Jon Stewart, en su noticiero ficticio nacional The daily show, exhibió ejemplos del temor casi obsceno del debate político por la crisis del éxodo de niños migrantes, y ante la pregunta de tantos políticos sobre si simplemente no se puede deportarlos, respondió: Qué chingados les pasa? Estamos hablando de niños. Y frente a la reiterada frase retórica de tantos políticos de que este es un país de migrantes, concluyó que sí. Siempre hemos sido una nación de migrantes que odia a los migrantes más recientes.

Mientras Washington, para no variar, sigue empantanado en un debate que no ofrece solución a lo que todos ahora califican de crisis humanitaria, ni mucho menos a sus causas de fondo, organizaciones de servicios comunitarios, de defensa de migrantes, abogados, activistas migrantes, religiosos y agrupaciones de derechos civiles atienden y defienden a los decenas de miles de niños de México y otras naciones de Centroamérica que ahora se encuentran distribuidos no sólo en la frontera, sino en diversos puntos del país.

Desde octubre, más de 51 mil menores de edad no acompañados y detenidos por autoridades migratorias en la frontera han sido trasladados al Departamento de Salud y Servicios Humanos, el cual los coloca en albergues mientras se ubican familiares o anfitriones verificados por el gobierno. Del total, unos 43 mil ya han sido trasladados con familiares o tutelas alrededor del país, según el Departamento de Salud, reporta el New York Times.

Pero aunque les son ofrecidas revisiones médicas y otros servicios urgentes al inicio, los menores no cuentan con asistencia a largo plazo. Incluso para tratar condiciones de trauma que muchos padecen, y es ahí que organizaciones dedicadas a brindar servicios a comunidades migrantes se encuentran abrumadas con los recién llegados. Aunque no todas las comunidades donde se está contemplando establecer nuevos albergues les ofrecen la bienvenida, otras les están abriendo los brazos.

En la ciudad de Nueva York, donde casi la mitad de la ciudad es migrante, las autoridades municipales y organizaciones sociales están colaborando para elaborar estrategias, con el fin de brindar apoyo a los más de 3 mil menores que han llegado aquí y a otras partes del estado (se espera que otros 7 mil arribarán en los meses próximos). A escala nacional hay aproximadamente unos 100 albergues bajo supervisión del gobierno federal.

Aunque el gobierno de Barack Obama promete que los derechos de los menores serán respetados, aun si se logra acelerar, como desea, el proceso para facilitar su deportación, en los hechos esto no ha ocurrido, denuncian abogados y defensores de derechos civiles.

El abogado de migración José Pertierra afirma que no se pueden garantizar los derechos legales de los migrantes sin un abogado. Explicó a La Jornada que por ahora los niños no tienen derecho a un defensor. El problema es que una violación migratoria es un asunto legal civil y, por tanto, no existe el derecho automático a un abogado, como en los casos criminales, en los cuales todo acusado tiene garantizada representación legal. Además, por ley, un menor de edad no tiene la capacidad para representarse a sí mismo ante un tribunal.

Pertierra ofrece el ejemplo de una hondureña de 8 años ante un juez, quien de muy buena manera intentó hacer lo posible para no asustarla mientras le informaba del proceso al cual iba a ser sometida, que estaba sujeta a deportación y que se tendría que presentar en cierta fecha para argumentar su caso –todo lo cual no entendía. Acaba de llegar, cruzó México, se entregó a las autoridades migratorias, fue trasladada a un centro y de ahí a las afueras de Washington. Ahora un señor desconocido en una tierra desconocida le está explicando la ley. Estas escenas se repiten miles de veces alrededor del país.

Peor aún, en algunos casos en que se presentan abogados para representar a los menores el gobierno federal ha intentado negarles el acceso a éstos.

Por ello la demanda ante un tribunal federal presentada recientemente por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC) para obligar al gobierno a garantizar la representación legal de estos niños está entre los pasos más importantes en términos pragmáticos en este coyuntura, considera Pertierra.

Es increíble que el gobierno categóricamente ha estado negando a niños (bajo custodia) en Nogales, quienes están huyendo de la violencia, verse con abogados, declaró Jennifer Chang Newell, del proyecto sobre migrantes del ACLU, poco después de que un juez emitió un fallo obligando al gobierno federal a permitir que un grupo de niños salvadoreños puediera consultar con sus abogados. Sin embargo, el fallo aún no es extensivo a todos los menores de edad en este éxodo.

Mientras tanto, diversas organizaciones, desde los dreamers (jóvenes indocumentados que han sido la parte más dinámica del movimiento migrante) hasta Amnistía Internacional, el movimiento de religiosos de Nuevo Santuario y la Red Nacional de Organización de Jornaleros, entre otros, han participado en vigilias, marchas y acciones de protesta en diversos puntos del país exigiendo el trato digno y humanitario de los niños. El activista religioso Juan Carlos Ruiz, de Nuevo Santuario, declaró en una acción ante oficinas del gobierno federal en Nueva York que “hoy los niños de Honduras, México, Guatemala y El Salvador –como los de Gaza– gritan por la protección y defensa de todos nosotros”.

Defensores de migrantes y promotores de una reforma en la materia consideran que este es un momento de definición para el legado de Obama. La pregunta es si será recordado como el presidente que multiplicó la seguridad fronteriza (incluyendo doblar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza a un total de 21 mil 400, con 18 mil 661 asignados a la frontera con México), fracasó en promover una reforma y logró deportar más migrantes que cualquiera de sus antecesores –lo que le ha ganado el apodo de Deportador en jefe– o si ante la crisis de los niños y la demanda de sacar a los 11.5 millones de indocumentados de las sombras se atreverá a enfrentar la ola antimigrante que ha imperado en años recientes.