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Tlachinollan: sembrando justicia comunitaria
Luis Hernández Navarro
U

na enorme manta con el retrato de Nestora Salgado García –la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, injustamente presa en el penal de máxima seguridad en Tepic– demanda su libertad. Es seguida por otra de la Casa de Justicia La patria es primero, de la CRAC-PC. Ambas forman parte de la movilización realizada en Tlapa, Guerrero, para conmemorar los 20 años de vida del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

Participaron más de 3 mil indígenas de la Montaña de Guerrero. Son me’phaa, na savi, nauas y ñomndaa. Llegaron de 185 comunidades enclavadas en 13 municipios. Fueron acompañados por cinco bandas musicales de las que le dan sabor a las luchas comunitarias. Demandaron liberar a los policías comunitarios presos, entregar granos básicos, construir caminos y apoyar a la reconstrucción de los 20 pueblos damnificados las tormentas Ingrid y Manuel.

La movilización indígena del 26 de julio en Tlapa es un hecho inusual en el mundo de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los organismos civiles de promoción al desarrollo. Salvo unas cuantas excepciones, la gran mayoría de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que existen en el país carecen tanto de capacidad de convocatoria como de la vinculación comunitaria que tiene Tlachinollan.

Lo común es que las ONG hablen en nombre de las comunidades sin que ellas así lo dispongan; que soliciten recursos a fundaciones y gobiernos en representación de organizaciones populares que no les han solicitado hacerlo; que se presenten en foros y espacios públicos con un mandato que no tienen; que busquen negociar los intereses del campo popular al margen de cualquier consulta. Tlachinollan no funciona así. Nunca lo ha hecho.

En nuestro medio abundan los casos de ONG que han perdido la N. Se han transformado en organizaciones cuasi gubernamentales (OCG). Gestionan proyectos gubernamentales, captan y aterrizan recursos, mientras actúan como auxiliares de administraciones de todo signo político. Sus directivos se presentan como actores no gubernamentales pero, con demasiada frecuencia, se convierten en funcionarios públicos sin rendir cuentas. Tlachinollan no actúa así.

Es frecuente que las ONG adapten su trabajo a las líneas de financiamiento impuestas por las fundaciones internacionales. Cuando la moda son los proyectos de género y hay dinero para impulsarlos, se vuelven feministas; cuando la moda es el calentamiento global, se transforman en ambientalistas; cuando es fácil conseguir plata impulsando la microempresa, promueven la formación de fondos revolventes e impulsan la capacitación en administración por objetivos. Tlachinollan no es de esas.

Tlachinollan fue fundado en 1994, hace ya dos décadas, por el antropólogo Abel Barrera y un grupo de activistas e investigadores para servir a los pueblos de la Montaña. Estaban aún frescas las vigorosas movilizaciones en Guerrero por los 500 años de resistencia indígena. Se propusieron inicialmente documentar las condiciones de los presos indígenas de Tlapa.

Como ellos han señalado, en esos primeros años “nada teníamos que ofrecer, sólo nuestra presencia y solidaridad. Nos martilleaba en la mente la frase imborrable de la cárcel de Tlapa: ‘En este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza’”.

Originalmente, su terreno de intervención se concentró en la Montaña de Guerrero, región en la que cerca de 85 por ciento de la población es indígena, y en la que se ubican 10 de los 100 municipios con el ranking más bajo de desarrollo humano en México. Pero, también, una zona con muy importantes experiencias de resistencia campesina e indígena en el terreno de la comercialización del café, el abasto de productos básicos, la lucha por la democracia municipal y la gestión de caminos y servicios.

Abel Barrera, su presidente, ha sido justamente reconocido internacionalmente por su labor en la defensa de los derechos humanos por organismos como Amnistía Internacional de Alemania, el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, la Oficina de Washington sobre América Latina, la Fundación MacArthur, entre otros muchos. Nacido en Tlapa, cursó estudios religiosos durante 12 años con el objetivo de convertirse en sacerdote católico, estudió antropología y terminó regresando a su tierra natal para meterse de lleno a la aventura de ayudar a los pueblos indios en su lucha autónoma.

Muy pronto quedó claro para los promotores del proyecto que tendrían que ir más allá de la simple documentación sobre derechos humanos. Fue así como se involucraron activamente en la asistencia jurídica y en la educación en derechos humanos.

“Cuando empezamos a enfrentar la realidad de violencia infligida por agentes del Estado –narra Abel Barrera–, empezamos a entender lo difícil que es vivir indefensos, con la pobreza y la discriminación. En ese momento entendemos la resistencia histórica de los pueblos indígenas, su perseverancia, su coraje y generosidad. Por eso ahora sabemos que con ellos somos defensores y sin ellos nuestro trabajo sería débil y sin sentido.”

El trabajo de Tlachinollan es ejemplar. Ofrece asesoramiento y ayuda a las víctimas de la violencia a la hora de interponer denuncias. Pero no sólo llevan demandas ante los jueces. Apoyan la agricultura alternativa y sostenible, ejercen de mediadores en temas políticos y religiosos, y forman parte de una red más amplia de ONG que trata de mejorar las condiciones de vida de la población. Su radio de acción se extiende hoy por todo Guerrero.

Este 26 de julio, Abel hizo un balance de la relación que el centro ha tenido con las comunidades a lo largo de estos 20 años. “Nos dieron –dijo– la tortilla, el café, el petate y el sombrero y nos enseñaron a sembrar la justicia comunitaria. Por eso, no tienen sentido estos 20 años sin ustedes. Porque ustedes son los padres, las madres, fundadores y fundadoras de Tlachinollan”. Los miles de indígenas que marcharon dan fe de que así han sido las cosas.

Twitter: @lhan55

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