La Procuraduría General de la República (PGR) puso en marcha un programa para el reconocimiento de personas asesinadas por integrantes del cártel de Los Zetas en los municipios de San Fernando (agosto de 2010 y abril de 2011) y Cadereyta (mayo de 2012), en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, que sumaron 314 víctimas.

La estrategia, en la cual la PGR trabaja en coordinación con especialistas forenses de Argentina, ha llevado a la exhumación de restos sepultados en fosas comunes y la realización de nuevos peritajes. Esto, para la confrontación de identidades genéticas con las obtenidas de familias centroamericanas y nacionales que consideran que sus familiares desaparecieron entre enero de 2010 y junio de 2012.

La encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, reveló a La Jornada que aun cuando se llevan a cabo diligencias para localizar a personas reportadas como desaparecidas, la base nacional de datos –creada a partir de un software desarrollado por la Cruz Roja Internacional– quedará consolidada y funcionará plenamente hasta 2016.

En el caso de los asesinatos ocurridos en San Fernando y Cadereyta se realiza un trabajo de confronta y cuando es necesario exhumamos los restos, conforme al convenio de colaboración firmado con organizaciones civiles en septiembre de 2013, al cual ya se han unido los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León.

Explicó que se está recopilando toda la información que sobre esas matanzas poseen la PGR y las procuradurías de Nuevo León y Tamaulipas para identificar los restos de las personas asesinadas; el trabajo conjunto ya ha dado resultados y en julio pasado fueron identificados los restos de 11 personas originarias de Honduras, que fueron entregados a sus familiares.

En cuanto a la base de datos de desaparecidos, la PGR pretende integrar un sistema en el cual se cuente con información sensible, que vaya desde la forma de los dientes hasta detalles como preferencia sexual, tatuajes, marcas corporales y color de ojos.