Las escuelas prescolares, primarias y secundarias públicas que se beneficien con recursos de programas federales sujetos a reglas de operación, cuyo monto asciende este año a 14 mil 284 millones de pesos, deberán integrar comités de contraloría social, a fin de rendir cuentas en el uso de los recursos.

De acuerdo con un documento elaborado por la Subsecretaría de Educación Básica, los organismos deberán formar parte de los Consejos Escolares de Participación (CEPS) e involucran la participación de padres de familia, directores y docentes.

En el ciclo escolar 2014-2015, la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsará los programas Escuelas de Calidad (con mil 447.6 millones de pesos); Escuelas de Tiempo Completo (11 mil 760.4 millones); Escuela Segura (287.5); para el Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica (548), y para la Inclusión y la Calidad Educativa (241.1 millones).

Los fondos se distribuirán a los estados como parte de las acciones para fortalecer la llamada autonomía de gestión escolar, por lo que cada plantel deberá fijar mecanismos de control de los recursos que permitan su supervisión, bajo los principios de honestidad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y apego a la normatividad.

Documentación disponible

De acuerdo con un documento elaborado por la dirección general de desarrollo de la gestión e innovación educativa, que depende de la Subsecretaría de Educación Básica, dichos mecanismos deberán operar sin que implique mayor carga administrativa para profesores y directivos.

Sin embargo, subraya que cada escuela deberá tener, en todo momento, la documentación e información requeridas sobre el uso de los recursos, además de entregar reportes trimestrales y anuales, mediante la aplicación de cédulas de vigilancia.

Además, deberá asegurar esquemas accesibles para que la comunidad escolar presente quejas, denuncias y sugerencias respecto del servicio público educativo.

La SEP señala que en el acuerdo 717, con el que se emitieron los lineamientos para formular programas de gestión escolar, se estipula que el director deberá rendir cuentas sobre los fondos que recibe la escuela y su aplicación, pero también deberá participar, junto con los Comités de Contraloría Social, en la elaboración de reportes.

Para alcanzar esta meta, tanto la SEP como las autoridades educativas locales elaboraron un esquema y guía de operación, cédulas de vigilancia, así como un programa anual de trabajo de la contraloría social, cuyos comités podrán presentar quejas y denuncias ante la dependencia federal, su Órgano Interno de Control o la Secretaría de la Función Pública.

De acuerdo con el calendario de la SEP, en septiembre se deberán integrar los comités a los CEPS, a fin de que en diciembre próximo se entregue el primer informe trimestral de seguimiento al uso de los recursos.

La dependencia federal advierte que los recursos de los programas sometidos a reglas de operación deberán estar disponibles desde el inicio del ciclo escolar, a fin de no aplazar su aplicación ni planeamiento escolar, pero en particular para que esta carencia en el retraso o dispersión de los recursos no inhiba o desaliente a que otras escuelas, o aquellas que ya participan, dejen el programa o se resistan a participar.