Tras tres años de litigios, Roberto Hernández Ruiz por fin pudo volver a proyectar el documental Presunto culpable, del cual es director y productor. Los denunciantes pedían que les pagara 3 mil millones de pesos, comentó con cierto descanso y soltando el aire, en entrevista.

“Hace 15 días –dijo el pasado martes, en charla realizada en el Instituto Mora, en Insurgentes Mixcoac, donde se proyectó su filme– se emitieron las sentencias absolutorias, que ya habían salido en primera instancia, pero ahora las confirmó el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México. Me pareció importante que se proyectara aquí, porque cuando la obra fue censurada esto se convirtió en un problema de libertad de expresión. La conversación que quise iniciar tenía que ver con el sistema de justicia penal roto que tenemos en México, con inocentes en las cárceles, con la reforma que necesita la policía y el poder judicial en sí. Toda esa discusión fue dañada por la censura.”

Hernández filmó el proceso, así como los careos y declaraciones acusadoras y de amigos del joven José Antonio Zúñiga, encarcelado en el Reclusorio Oriente por supuesto asesinato. Nada impedía la grabación, pero algunos involucrados después se dijeron afectados y demandaron a Hernández. La cinta fue censurada por el Poder Judicial Federal el 3 de marzo de 2011. No obstante ese periplo, Presunto culpable es el documental más visto en la historia de México.

Luego de tres años de líos legales, de gastos, de no dejarse, Hernández dijo: Resulta que pasé a ser, por las demandas, un presunto culpable.

Denuncia un sistema penal corrupto

El documental muestra fehacientemente un sistema penal corrupto, prepotente, con enormes fallas. “Con la película quería cambiar la experiencia de las personas presas y acusadas. Eso nos movió a hacer el documental. En un informe de Amnistía Internacional (AI) de la semana pasada se confirma que en México se tortura. Eso lo hemos escuchado por décadas: que en México la policía tortura. No obstante, el informe de AI no contiene una sola recomendación concreta que fuera practicable. Lo que urge hacer es que los legisladores ordenen que todos los interrogatorios a cargo de la policía investigadora en México sean videograbados. Esto se hace en Inglaterra y en Estados Unidos, y es algo que propusimos desde el documental, en 2011. A pesar de que hay un Código Federal de Procedimientos Penales, los legisladores decidieron no incluir este mandato en la ley. Entonces, decidimos retomar las recomendaciones que teníamos y tenemos, que tienen que ver con la falta de transparencia en la parte de investigación.

“No sé, no he sabido, lo que piensan quienes me demandaron después de la sentencia absolutaria. Hasta donde sé no ha habido una reacción pública de parte de ellos. Son tres los demandantes: uno es el muchacho que acusa de homicidio a Zúñiga en la película, la familia del fallecido y un policía judicial que se llama José Manuel Ortega Saavedra. Ellos me demandaron por 3 mil millones de pesos... ¡era una cantidad...! No sé de dónde la sacaron. Seguramente si hubiera habido una aritmética clara habrían ganado, pero hay cosas ridículas. Por ejemplo, el policía dijo que fue a un Vips, la gente lo reconoció y lo empezaron a insultar. Decían que ahí iba el policía corrupto de Presunto culpable y quería 60 millones de pesos. He tenido que enfrentar muchas cosas, como dos amenazas de muerte.”

Con botón de pánico

Muestra el llamado botón de pánico para protección de periodistas, que las autoridades le dieron en la mañana para su protección. Estoy agradecido por tenerlo, pero todo esto ha implicado un desgaste, una batalla legal, mucho más larga que la batalla para ayudar a Toño. No obstante, todo lo volvería a hacer.

Presunto culpanle está desde hace años en la piratería. Una encuesta de Parametría indica que 36 por ciento de los mexicanos adultos han visto el documental. Yo estoy con un nivel de frustración moderado, porque como director lo que yo quería comunicar no se ha entendido. Tengo una audiencia enorme. Lo que yo quería decir es que tú puedes poner cinco cámaras en un tribunal y tener un proceso judicial transparente. Sin embargo, Toño Zúñiga fue condenado. Perdió su juicio. La política pública va en esa dirección. El gobierno de Enrique Peña Nieto lo que está haciendo es promover juicios orales. Van a poner cámaras, lo cual es positivo, pero no es suficiente. La gran mayoría de los casos no llegan a juicio o se atoran en la etapa de investigación. Lo que tenemos es una policía que tortura, que es brutal y corrupta. Falta transparencia a la investigación, mejores salarios a los policías, entrenamiento, leyes. Nada de eso está considerado en la reforma que propone Peña Nieto. El Código Penal de Procedimientos deja a la policía completamente fuera.

–¿Qué cambió el documental Presunto culpable?

–Mucho. El tema penal ni siquiera tenía visibilidad política. Cuando la cinta salió estaba en auge la guerra contra el narcotráfico, en 2011. La película vino a colocar en el imaginario público la posibilidad de que una persona acusada fuera inocente.

Ahora desea que Presunto culpable sea vista en las escuelas, como un medio para comunicar la necesidad de hacer transparentes los procesos penales.