o todo está perdido cuando la historia viene a nuestro encuentro para inspirarnos; claro, siempre que nos dejemos. A veces, por desgracia para nuestro país, no ha sido así. Octubre nos hace recordar el ultraje a la memoria del hombre que eligió ser llamado Siervo de la Nación por la soberbia y el autoritarismo de otro, que también no dudó en autodenominarse Salvador de la Patria y al que una diputación abyecta le aplaudió uno de esos crímenes de los que no hemos podido librarnos hasta el día de hoy.

Hace 200 años culminaban en Apatzingán los esfuerzos del grupo de parlamentarios insurgentes convocado por José María Morelos y Pavón para elaborar la primera constitución mexicana. La convocatoria a la primera magna carta de la monarquía imperial se cruzó con el estallido de la revolución de independencia en la Nueva España. Sus trabajos se iniciaron 10 días después del grito de Dolores, como consecuencia de la crisis de 1808 en la sede del reino y en medio de una guerra en la que el pueblo español luchaba por echar de su territorio a las fuerzas francesas.

La expectativa de participar en las deliberaciones de la Constitución de Cádiz –su artículo primero señalaba que la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios– le restó apoyo al movimiento emancipador de América. En los hechos, los peninsulares establecieron una representación política discriminatoria: al pueblo y sus colonias asignaron menos curules que a los diputados peninsulares.

La inconformidad de la diputación americana es narrada por fray Servando Teresa de Mier, el primer historiador de la independencia nacional, en su Historia de la revolución de Nueva España. Mier veía la salida a la condición dependiente y oprimida de su patria en un congreso que pudiera votar una constitución en el contexto de la monarquía. En Cádiz se desengañó: la desigualdad entre España y sus dominios del otro lado del Atlántico no podía superarse sólo con una declaración constitucional. El desengaño fue mayor cuando Fernando VII (se hacía llamar El Deseado), de regreso al trono, lo primero que hizo fue enviar al cesto de los papeles la Constitución de Cádiz. Este hecho, ocurrido en mayo de 1814, alentó a los insurgentes: era preciso contar con una constitución surgida de un congreso integrado por una representación independiente y democrática.

Los primeros historiadores del México en vías de independizarse o habiendo consolidado su independencia criticaban al cura Miguel Hidalgo no haber tenido en mente ese proyecto. Tal opinión se mantuvo hasta que Mariano Otero halló el documento que Hidalgo entregó a Morelos en Indaparapeo. Su idea era la de instaurar un régimen independiente a partir de una asamblea que representara al nuevo soberano: el pueblo.

Morelos creció en el campo de batalla y en el de las ideas; también en su relación con el pueblo. Al cabo era el único de los jefes insurgentes que mostraba mayor claridad sobre el movimiento y sus objetivos de emancipación plena de la monarquía. Así que desplazó en el liderato a Ignacio López Rayón, secretario de Hidalgo y su inmediato sucesor en el movimiento insurgente.

El pequeño grupo de constituyentes reunido en Chilpancingo, al cual Morelos se integró como diputado por Nuevo León luego de despojarse de su investidura militar y del mando ejecutivo, sintonizó con sus ideas plasmadas en ese bello documento que es Sentimientos de la Nación, y también con su actitud. La de Apatzingán fue el fruto de sus esfuerzos y de quienes lo acompañaron, pero esta constitución no llegó a recoger la clave igualitaria del cura michoacano para que el pobre pudiera mejorar sus costumbres y así alejarse de la ignorancia, la rapiña y el hurto. Esas ideas debieron esperar a otra revolución y a otro texto constitucional para adquirir un diezmo de realidad. Ese diezmo se ha venido menguando por voluntad del Estado en los últimos seis sexenios. A esa mengua se ha añadido la violación a los derechos humanos y el asesinato de quienes los defienden.

La Constitución de 1814 y la figura de Morelos fueron objeto de un acto protocolario donde Enrique Peña Nieto sentenció que en el México de nuestros días, en esta nación de instituciones, los servidores públicos estamos obligados a obedecer la Constitución y las leyes. Solamente debemos servir a los ciudadanos y a sus comunidades. Fue tanto como mentar la soga en la casa del ahorcado. ¿Los funcionarios responsables de los tres niveles de gobierno han hecho lo necesario para conseguir el imperio de la justicia como lo buscaba el diputado Morelos en los Sentimientos de la Nación?

En otros espacios se ha intentado explicar aquel episodio de hace 200 años; entre otros, la Cámara de Diputados, el Senado, la UNAM, el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León.

No sólo en México adquirió significado el bicentenario del documento promulgado en Michoacán. Además de numerosos ciudadanos en México y en otros países, el hebdomadario británico The Economist publicó una nota editorializada a guisa de conclusión: Varias constituciones después, el área que rodea Apatzingán muestra lo lejos que está México de llegar a convertirse en un país regido por la ley.