Autoridades federales se reunieron ayer con la ‘‘víctima testigo’’ del caso Tlatlaya para definir una ruta de protección inmediata a esta persona, acorde con lo ordenado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La semana pasada, la representación del Estado mexicano acudió a la sesión de la CIDH para abordar, entre otros puntos, las crisis por los expedientes de Tlatlaya (militares acusados de ejecutar civiles) y Ayotzinapa (ataque de elementos de la policía municipal de Iguala a un grupo de estudiantes).

La CIDH ordenó aplicar medidas cautelares. Para planear la ‘‘atención y ayuda inmediata’’ se reunieron funcionarios de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ‘‘con los representantes y la víctima beneficiaria de dichas medidas’’.

La Secretaría de Gobernación dijo al respecto: ‘‘El Estado reconoce a la víctima y testigo sus aportaciones para el avance de las investigaciones, y asume el compromiso de su protección y atención integral’’.