La Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), integrada por 440 ediles de extracción panista, rechazó la propuesta de reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer el sistema de seguridad pública, y condenó su enfoque centralista, el retiro de la función de policía preventiva y la potencial invasión a la autonomía municipal pretextando casos de infiltración del crimen organizado.

En conferencia de prensa, el presidente de la agrupación y alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, afirmó que los graves casos de infiltración o participación de policías locales en actividades del crimen organizado son por mucho situaciones excepcionales en el universo de más de 2 mil 450 municipios del país y es un hecho que en la gran mayoría de los casos los municipios estamos trabajando en depurar y certificar a nuestros policías.

Juan Marcos Gutiérrez, abogado de Anac y subsecretario de Gobernación en el sexenio calderonista, sostuvo que basta con aplicar las leyes, particularmente el artículo 115 constitucional, que prevé, entre otros, la asunción del mando de una policía municipal por otro orden de gobierno en situaciones graves.

Ya existen mecanismos suficientes para desintegrar un ayuntamiento por causas graves, que obviamente incluyen las relacionadas con el crimen organizado. Los munícipes carecemos de fuero federal y no hay razón para incorporar una amenaza a la estabilidad institucional como la que pretende la reforma del presidente Peña Nieto, en la cual el gobierno federal asuma parcial o totalmente funciones municipales en casos propuestos por la fiscalía general, insistió Barrera.

Advirtieron que la falta de calidad y profesionalización de las instituciones policiacas preventivas tiene mucho que ver con la insuficiencia de recursos presupuestales, y una iniciativa como la que propone el gobierno federal afectaría gravemente la calidad de vida ciudadana y la gobernabilidad municipal.

La Anac propuso reformar algunos incisos del artículo 115 constitucional con el fin de hacer expedita la separación de un alcalde o su ayuntamiento por causa grave de seguridad pública o infiltraciones del crimen organizado y para generar suficiencia presupuestal y seguridad de una fuente fiscal para financias instituciones policiales de calidad, mediante una contribución municipal específica que sea acreditable o deducible del impuesto sobre la renta para sus ciudadanos.