Durango, Dgo.

Durante la 48 reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se acordó instrumentar una serie de acciones a escala estatal para apuntalar la respuesta del Estado mexicano al Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés). Entre ellas destaca armonizar la normatividad local con la Ley General de Víctimas, con la finalidad de instaurar en el plano estatal comisiones ejecutivas de atención, registros y fondos para la reparación integral del daño.

En el informe presentado en el pleno de la reunión ante el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, señaló que también se adecuarán los tipos penales locales en materia de desaparición forzada con la ley que rige a escala federal y los estándares internacionales.

Asimismo, los gobernadores acordaron respaldar las acciones del gobierno federal con medidas como el diseño de un protocolo ministerial, la creación de una red nacional para la búsqueda de personas y la base de datos de desaparecidos.

Moreira mencionó que remitirán a la Procuraduría General de la República (PGR) toda la información sobre perfiles genéticos con que se cuente para que sean incluidos en una base de datos nacional y coadyuvar a los esfuerzos de localización de personas. Dijo que otra medida será incluir en la legislación la declaración de ausencia o desaparición, de acuerdo con lo estipulado en la Ley General de Víctimas.

Durante la reunión, el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, anunció que otro de los acuerdos alcanzados es impulsar el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Conago, lo que consolidaría este instrumento del federalismo.

Mencionó que para tal efecto se creó un grupo de trabajo que incluirá al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los gobernadores de Durango, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Guanajuato y estado de México, con el propósito de explorar las posibilidades jurídicas para proponer un anteproyecto de iniciativa de lo que sería la ley federal de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Antes, en nombre de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, señaló que con el propósito de impulsar la aplicación del nuevo sistema de justicia penal oral, los gobernadores acordaron instrumentar acciones que agilicen su plena vigencia a efecto de que se pueda garantizar su plena aplicación en el plazo fijado por la ley, que es 2016. Entre ellas indicó que aquellas entidades donde se ha avanzado de forma más acelerada podrán colaborar con los estados cuyo ritmo de instrumentación no ha sido tan rápido.

Por otro lado, señaló que la propuesta de crear un mando policiaco único estatal, que envió el Ejecutivo federal al Congreso, nos impone un camino que nos permite avanzar y tener mejores herramientas para enfrentar la inseguridad con buenas prácticas que destierren la impunidad y la corrupción, y para que nunca más nos veamos envueltos en sucesos tan dolorosos como los que nuestro país ha enfrentado.

Duarte dijo que la sociedad espera que en México no reine la impunidad y que nadie esté por encima de la ley ni al margen de la justicia; que en México los delincuentes que afectan la tranquilidad sean procesados, enjuiciados y encarcelados. La impunidad, agregó, se combate desde varios frentes con procedimientos claros y efectivos, con instituciones modernas, y con un sistema de justicia cuya transparencia y eficacia se sintetice en soluciones justas que condenen a los delincuentes y garanticen la protección de las víctimas.