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Desaparecidos en Iguala, crimen de lesa humanidad, acusan

Sindicatos de AL solicitan garantías al gobierno para retorno de Gómez Urrutia
 
Periódico La Jornada
Lunes 13 de abril de 2015, p. 12

El pleno de la central obrera internacional  IndustriALL Global  Union, en su segunda Reunión Regional para América Latina y el Caribe, acordó dar el apoyo definitivo de todas las agrupaciones mundiales y nacionales asociadas al retorno libre y sin obstáculos del dirigente del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia a México.

Al concluir el encuentro, en el que participaron más de 100 delegados de países latinoamericanos y caribeños, resolvió apoyar que el dirigente regrese al país con todas las garantías y seguridades legales, que sólo el gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, puede ofrecer, en cumplimiento de las normas internacionales y nacionales.

Esta central demandó al gobierno de México que de una vez se acabe con la persecución política, laboral y judicial a la que ha estado sometido el dirigente por más de nueve años.

Las y los delegados asistentes consideraron que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todas las acusaciones en contra de Gómez Urrutia fueron falsas e inconstitucionales, y que es inocente de todos los cargos que se le presentaron; por lo tanto, no debe existir ningún problema para que se garantice su regreso al país con seguridad.

Los sindicatos de IndustriALL Global Union también acordaron dar un voto incondicional de apoyo a los y las compañeras jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, que luchan por sus justos derechos laborales y humanos, y terminar con la semiesclavitud a que los han sometido.

En este sentido, hicieron un llamado al presidente Enrique Peña y al gobierno federal para que atiendan las demandas legales y peticiones humanitarias de los jornaleros, ya que hasta el momento los patrones se niegan a cumplir con los derechos de los campesinos de San Quintín.

También hicieron una declaración sobre los muertos y heridos en Iguala y los 43  estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Señalaron que estos actos representan uno de los más graves crímenes de lesa humanidad de la  historia actual, que ponen en entredicho la democracia y legalidad de México.

Por ello, expresaron su solidaridad con los familiares de los desaparecidos y se pronunciaron porque se investigue la verdad de los hechos, ya que el derecho a la verdad es universal e inalienable.

En la reunión denunciaron que en Colombia se ha puesto en tela de juicio el derecho a la libertad sindical, ya que fueron despedidos dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) y empleados de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), Edwin Palma y Joaquín Padilla; así como Iván Benavides, líder del Sindicato de Trabajadores de Electricidad de Colombia, que laboraba en la empresa estatal Energía de Bogotá.