El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso otra multa al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por un monto de 64.3 millones de pesos por irregularidades en el financiamiento de sus promocionales difundidos en cadenas cinematográficas. Sin embargo, mediante un agregado al dictamen originalmente difundido, se anuló otra sanción por 11 millones que estaba relacionada con el incumplimiento en la entrega de información relacionada con contratos asociados a esa campaña.

El consejero Ciro Murayama explicó las operaciones financieras del PVEM que involucraron a las empresas Ravokse, Comercializadora Publicitaria y Screen Cast, que habrían triangulado recursos para esos anuncios. Reconoció que se había propuesto en la Comisión de Fiscalización otra multa de 11.3 millones de pesos por obstaculizar funciones de fiscalización, al no entregar otro contrato y documentación involucrada pese a los requerimientos, sólo que ahora la Unidad de Fiscalización informó que había sido un error y efectivamente se entregó el documento, por lo que se canceló la multa.

La sanción motivó cuestionamientos de fondo y de forma.

Para la consejera Pamela San Martín faltó exhaustividad en investigar la duración de los contratos –que el PVEM dijo haber cancelado anticipadamente– para determinar el monto total involucrado. Criticó también que la multa de 64.3 millones de pesos se deberá pagar en 38 meses, un plazo excesivo, dijo.

A su vez, el perredista Pablo Gómez cuestionó: En relación con el obstáculo que había puesto el Verde al ejercicio de las funciones de fiscalización por la cual se proponía que se le multara con 11 millones, yo quisiera saber cómo es que no se dieron cuenta de que esto no era cierto. ¿Qué pasó?, ironizó, dejando la suspicacia sembrada en el debate.

Por otro lado, el INE aprobó sendas multas por un millón de pesos al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) por incumplir en su obligación legal de adecuar sus documentos básicos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Una multa que mostró las veleidades en los criterios del INE, pues fue modificada en cuatro ocasiones.

En su defensa, el representante del PRD, Pablo Gómez, argumentó que el periodo para reformar los documentos coincidió con el proceso interno para elegir órganos directivos, por lo cual era inviable realizarlas.

El panista francisco Gárate explicó que el partido analizó los plazos para los cambios y se consideró inviable a pesar de que no había la pretensión de incumplir la ley.

Ante las posturas, el consejero Marco Antonio Baños consideró insostenible el argumento, porque no es posible que por cuestiones internas un partido pueda violar la ley sin tener repercusiones.